Hacía apenas 24 horas de que se habían replegado los rescatistas  que recuperaron 52 cadáveres del naufragio de una yola con 71 ocupantes en Samaná, cuando ya la Marina de Guerra informaba del arresto de otras 22 personas -18 hombres y 4 mujeres- que viajaban en otra yola hacia Puerto Rico. Los nuevos expedicionarios fueron interceptados cerca de la isla Saona por unidades navales dominicanas y de la Guardia Costera de Estados Unidos.

Esta nueva ocurrencia revela no solo el persistente activismo  del lucrativo negocio de las expediciones ilegales, un tráfico humano que implica todo un abanico de acciones de naturaleza criminal, sino además que pone en entredicho la efectividad de la vigilancia costera para frustrar estos viajes antes de que constituyan riesgo de muerte, por naufragio auténtico o provocado deliberadamente por los propios organizadores de los viajes.

Que una segunda expedición saliera hacia Puerto Rico desde la zona geográfica de donde salió la que fracasó, hace pensar en la pobreza de la vigilancia. Una yola  con capacidad para tantos ocupantes debe ser bastante visible desde la costa, a menos que haya ceguera deliberada. El tráfico humano por vía marítima y en esta modalidad no debería ser tan intenso si la vigilancia fuera tan efectiva. Es un negocio que no tiene freno, o al que no le ponen freno.

A  unos días del fin del ‘stand by’

En el sector empresarial hay quienes ven con inquietud que se aproxima el término del acuerdo “stand by” del país con el FMI, pero se mantienen en un limbo las séptima y octava revisiones del mismo. El principal temor es que, en medio de un proceso electoral  y sin  vigilancia del FMI, el Gobierno pueda incurrir en un  descontrol en el gasto público que llegue a afectar la estabilidad macroeconómica.

Voceros del Gobierno han dicho que éste  procurará lograr que la séptima y octava revisiones del acuerdo se produzcan antes de su vencimiento, el 27 del presente mes, y que terminado el “stand by”, el FMI mantendrá un monitoreo sobre el cumplimiento de los compromisos. Habrá que ver si  es válido el temor de una parte del empresariado de que el Gobierno trataría de evitar asumir  en el proceso electoral nuevos compromisos con el FMI que puedan acarrear algún costo político importante.