FERNANDO I. FERRÁN
De vez en cuando los pueblos tienen la necesidad de decir pura y simplemente: ¡no! He ahí la única forma de hacer un alto en medio del ajetreo cotidiano, reconsiderar qué se quiere y redimensionar el devenir más allá de lo que se acepta todos los días como bueno y válido. Que conste, no lo digo solamente por lo que acaba de acontecer en la Unión Europea, donde los franceses respondieron negativamente a la propuesta de constitución que se les sometió.

Me refiero más bien a la necesidad que tiene la nación dominicana de hacer un alto y reconsiderar el modelo de país que queremos. Pues bien, para hacerlo se requiere comenzar diciendo por lo menos dos «no».

«No», ante todo, a la irresponsabilidad. Nadie es inocente de lo que acontece a su alrededor. La pobreza y los bajos índices de calidad humana de la población no son productos del azar ni de la fatalidad. La fragilidad del Estado de derecho, acosado por la corrupción y la impunidad, tampoco. Todo eso lo saben más que nadie los miembros de las clases dirigentes dominicanas.

Y por eso, los políticos, en procura siempre del poder del Estado y de su posterior mantenimiento, están llamados a velar por el bien común, más que por el de sus patrocinadores y los suyos propios. Y el empresariado nacional no tiene por misión exclusiva crear riquezas, generar empleos y pagar impuestos pues, de acuerdo al «Código de Ética» del Conep y Anje, «el empresario debe colaborar con la mejoría de la calidad de vida de la comunidad».

«No», también, a la falta de competitividad sistémica de nuestro aparato productivo. Así como no se le pueden pedir peras al olmo, tampoco puede esperarse de golpe y porrazo eficiencia y calidad competitiva de parte de nuestros productores agropecuarios e industriales. A diferencia de sus homólogos en otras latitudes, quienes se ven respaldados por subsidios y otras ventajas estatales, los nuestros, aquejados no sólo por los altos costos de la electricidad y del dinero, no pueden competir en igualdad de condiciones.

Y de ahí la importancia del libre comercio y de la equidad fiscal. El debatido Dr-Cafta o libre comercio con Estados Unidos y los países centroamericanos toca las puertas de los congresos regionales. La discusión ya no es si debe o no ser ratificado, pues la suerte está echada en el Congreso estadounidense. La cuestión crucial es establecer el balance de lo acontecido con los tratados vigentes con Centroamérica y el Caribe y no repetir los errores del pasado. En otras palabras, cuando se ponga en ejecución el Dr-Cafta, u otro tratado similar, debe encontrar al país en condiciones de igualdad relativa para competir. De lo contrario, ni cosecharemos peras ni dejaremos de perder mercados.

Pero para superar las dificultades del presente no hay que apuntalar al infinito los «no». De manera análoga a como en matemáticas negativo por negativo da positivo, los dos «no» ya mencionados son suficientes para llevarnos a un rotundo «sí». Se trata, en efecto, de propiciar un gran movimiento nacional en el que tengan cabida todos los partidos políticos, los empresarios, la sociedad civil y la ciudadanía para transformar a República Dominicana en una mejor nación.

Un cambio ordenado y en paz es posible, como ha propuesto el PNUD en su Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005 y por medio de múltiples intervenciones de su representante nacional, con más responsabilidad de parte de todos y asumiendo las postergadas reformas estructurales. Responsabilidad para velar políticamente por un Estado de derecho, en el que las instituciones no dependan de las veleidades del poder. Y reformas estructurales para garantizar que el sector privado dominicano llegue a ser el motor central del desarrollo económico, gracias a sus actuaciones equilibradas entre sostenibilidad económica, medioambiental y social.