Por amarga experiencia sabemos que los políticos siempre encuentran la manera de escabullirse de la justicia, de ponerse fuera del alcance de la ley hagan lo que hagan, y los ejemplos no solo abundan sino que andan por ahí estrujándonos en la cara su bien ganada impunidad, que por y para eso están en el poder. Lo que nunca se había hecho es utilizar un acuerdo “conforme al marco de la ley y a los procedimientos” para bordarle un nuevo y encubridor ropaje a esa impunidad, bendecido, para colmo, por la sentencia de un juez de los tribunales de la República. El convenio al que llegó la Fiscalia del Distrito  Nacional con el empresario y dirigente reformista José del Carmen Cruz, imputado por falsificación de medicamentos, ha lastimado, por su obscenidad, la sensibilidad de algunos sectores, que no se han reservado sus críticas y cuestionamientos a la decisión. Sin embargo,  el máximo representante del Ministerio Público, el Procurador General Francisco Domínguez Brito, se da por completamente satisfecho mientras defiende el  trabajo y la integridad profesional de Yeni Berenice Reynoso, quien lo negoció y lo firmó. Y como el doctor Domínquez Brito quiso ser muy claro y directo cuando afirmó que ese acuerdo “no es reversible”, es decir que no tiene vuelta atrás, hay que suponer que lo está declarando caso cerrado, razón por la cual todo lo que se ha dicho y criticado sobre ese convenio terminará –nos guste o no– llevándoselo el viento. Tiempo y olvido han sido siempre, no lo olvidemos nunca, compañeros inseparables de la impunidad que arropa con su manto protector a nuestros políticos, impunidad que en esta ocasión encontró en la ley y el sistema de administración de justicia –quién lo diría– un aliado tan inesperado como poderoso.