POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ 
El contrato firmado por el gobierno con una empresa intermediaria para la adquisición de vehículos y otros equipos sobrevaluados para la Policía Nacional (PN) es un monumento a la oscuridad y falta de transparencia que debería ser reexaminado por el gobierno o ser objeto de amplias explicaciones.

  Con esa pieza las actuales autoridades trillan el camino del anterior gobierno que insistió en préstamos “aventureros” con empresas virtualmente desconocidas para adquirir equipos militares, viviendas prefabricadas, y vehículos de diverso género.

 Llama la atención que el Senado perredeista aprobara casi a unanimidad el contrato de 132.4 millones de dólares basado en un informe de su Comisión Permanente de Finanzas sin el menor argumento ni fundamento, evidenciando desprecio por el interés nacional y la opinión pública.

Vehículos al por mayor

El contrato implica dos convenios a ser firmados el de mayor monto por el secretario de Interior y Policía y el otro por el secretario de Finanzas, diferencia que no tiene explicación. El primero es por 75.5 millones de dólares a ser suscrito con la empresa The Sun Land Group, a una tasa anual igual a Libor más 1 por ciento, pagadero en diez cuotas semestrales sucesivas, de capital e intereses, después de tres años y medio de gracia, es decir a más tardar en 8 años y medio.

El otro crédito, por 56.9 millones de dólares, se firmaría con el Florida Export Financial Corporation, también a la tasa anual de Libor, más un 0.50 por ciento, algo menor que el primero, y con un plazo de pago mayor, 13 años, a razón de 20 cuotas semestrales, después de tres años de gracia.El objetivo fundamental es la compra de automóviles, motocicletas, ambulancias, computadoras, talleres y repuestos, plantas eléctricas, laboratorios y sistemas de comunicaciones para la PN.

El total de equipos y materiales a ser recibidos por la PN asciende a 113.8 millones de pesos, de los cuales 48.8 millones, equivalentes al 43 por ciento, corresponden a automóviles y motocicletas. En equipos de comunicaciones y repuestos se invertirían 31 millones de dólares. En laboratorios 16.9 millones, y en computadoras y accesorios 11.9 millones de dólares. En talleres equipados y plantas eléctricas 2.5 millones. Para servicios y entrenamiento 11.2 millones de dólares. Y también  7.3 millones de dólares en “honorarios administrativos”.

Se consigna que se adquirirían 610 “doble cabina 4×4 turbo diesel”, valoradas en 49 mil 685 dólares cada una, lo que daría un valor total de 30 millones 307 mil 895 dólares. También 190 “jeep 4×4 Turbo Diesel”, valorado en 9 millones 440 mil 164 dólares. Las dos categorías totalizan 800 automóviles y un costo de 39 millones 748 mil dólares.

El proyecto consigna la compra de 1000 “motores policial 150 cc, a 7 mil 892 cada uno para un total de 7 millones 892 mil 358 dólares. También 20 “motores para franqueadores 650 cc”, a 22 mil 444 dólares cada uno, para totalizar 448 mil 874 dólares.

Llama la atención que tanto las doble cabina (que se suponen camionetas, aunque también podrían ser jipetas) como los jeep tengan exactamente el mismo costo. No se especifican marcas, modelo o año, ni los agregados interiores. Por separado se incluyen 800 “computadoras para vehículos patrulleros”, con un costo de 9 mil 803 dólares cada una, para un total de 7 millones 842 mil 442 dólares.

Los equipos más caros

Tanto los vehículos como los motores y computadoras lucen excesivamente sobrevaluados. Entrando a internet en Toyota.com se puede comprobar que sus jipetas más caras, las “4 Runner Limited”, se valoran en 34 mil 350 dólares, compradas por unidad. Pero hay también 4×4 SR5 a 27 mil 635 y Sport Edition a 29 mil 975 dólares. Sus camionetas Tacoma de doble cabina se venden a 22 mil 240 dólares.        Si se entra a Ford.com se encontrarán jipetas Escape a 19 mil 780 dólares, Explorer a 27 mil 175 y Espedition a 34 mil 275 dólares. En Nissan usa.com se pueden ver las super jipetas Pathfinder desde 25 mil 400 dólares.

Como el contrato no especifica marca ni modelo, los vehículos que se entreguen podrían estar sobrevaluados entre un 40 y 150 por ciento, y mucho más considerando que son 800 unidades, que compradas a los fabricantes reducirían porcentajes significativos.

Sobrevaluadas también aparecen las motocicletas, aún las de franqueadores, cuya unidad se cotiza en 22 mil 444 dólares. Las famosas Harley Davidson se compraron el año pasado a 18 mil dólares. Las más sencillas de 150 cc, cotizadas a 7 mil 892, comprando mil de ellas, se pueden adquirir entre un 50 y 100 por ciento menos.

La sobrevaloración de las computadoras puede ser mucho mayor. El proyecto tampoco especifica marca ni modelo, y cotiza las 800 para los vehículos a 9 mil 803 dólares cada una. Deberán ser tipo “laptop”. De estas hay en el mercado hasta a 800 dólares. Las más caras podrían costar unos 3 mil dólares por unidad.

Los 7.3 millones de dólares que aparecen como horarios administrativos también lucen desproporcionados, y podrían ascender considerablemente atendiendo a una complicada mecánica de cálculo a base del 0.50 por ciento del financiamiento. Merece explicación aparte el costo de los honorarios por “seguro riesgo-país” que el seminario Clave estimó en 28 millones de dólares, partiendo también de porcentajes sobre diversos financiamientos. Lo normal en el mercado es que ese seguro oscile entre 2 y 5 por ciento, según un importante importador consultado.

El contrato establece que los honorarios administrativos habría que pagarlos inmediatamente después del cierre del contrato. En cambio la entrega de los equipos sería en 48 meses, a partir del cierre del contrato, es decir en 4 años, en 4 fases, sin mayores especificaciones.

La aprobación senatorial

Es significativa la celeridad con que el Senado conoció el proyecto, y particularmente el informe de la Comisión Permanente de Finanzas de ese organismo, que aunque aduce que analizó “profundamente el contenido del Acuerdo de Compra”, no formula ni un solo argumento o consideración propia.

Cada párrafo es una transcripción literal de la carta con la que el presidente Leonel Fernández remitió el proyecto al Senado, casi todos referidos a las generalidades del mismo:  “La comisión entendiendo que el presente Acuerdo dotará a la Policía Nacional de los equipos necesarios para desarrollar una estrategia de seguridad capaz de resolver y prevenir los diferentes conflictos e incidentes que afectan la  ciudadanía, requiriendo una reestructuración de la seguridad ciudadana y nuevas herramientas para enfrentar el delito”. 

En base a las consideraciones presidenciales la comisión “Ha resuelto rendir informe favorable tal como fue remitido, a la vez que se permite solicitar al Pleno senatorial la inclusión en el orden del día de la próxima sesión, para fines de conocimiento y aprobación”.

La comisión está presidida por el senador perredeísta de Azua, César Díaz Filpo, quien la firma, lo mismo que otros 5 integrantes. Aunque aparece el nombre del senador peledeista José Tomás Pérez, no contiene su firma, lo que no deje de ser significativo, siendo el único senador del partido del gobierno que hace la contratación.

La aprobación del Senado se produjo en tiempo récord, de menos de 3 semanas de recibido. Tres de los senadores perredeistas, Pedro Alegría, César Augusto Matías y Tommy Durán, habían declarado previamente que no apoyarían el contrato. Pero fueron rápidamente “sensibilizados” y estuvieron entre los 24 que lo aprobaron sin analizar su contenido.

Algunos de esos senadores ya tuvieron experiencia en la aprobación de contratos de préstamos para adquirir aviones, helicópteros, autobuses, invernaderos, y viviendas prefabricadas en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. El contrato para viviendas fue firmado precisamente con la misma empresa que suplirá a la PN,  The Sun Land Group. Aquel fue por 115 millones de dólares y era tan leonino que fue rechazado por el entonces director del Instituto Nacional de la Vivienda, ingeniero Juan Vargas, a quien se encomendaba ejecutarlo.

Falta de transparencia

Es obvio que todo el contrato está afectado por la oscuridad, por absoluta falta de transparencia. Deberían explicar si la secretaría de Finanzas o la de Interior y Policía pidió a la Sun Land en exclusiva la elaboración de esa oferta o si la iniciativa fue de la empresa, la que aparece en bases de datos de Estados Unidos con 4 empleados y ventas en el 2005 por solo 260 mil dólares. Lo que se llama una empresa de fachada.

Por la ausencia de concurso este contrato es peor que el famoso Renove,  que ha originado un proceso judicial, puesto que aquel involucró concurso entre empresas distribuidoras de vehículos, lo que determinó que los precios ofertados estuvieran más acordes con los del mercado.

La compra de 800 vehículos pudo haber sido negociada directamente con financiamiento japonés o de Taiwán o Corea, a propósito del reciente viaje del presidente Fernández, para traer vehículos de esos países. También pudo gestionarse financiamiento estatal en Estados Unidos para adquirirlo de sus fabricantes, a precios mucho menores.

El contrato amerita explicaciones del gobierno, especialmente de los secretarios de Interior y Policía y de Finanzas, Franklin Almeida y Vicente Bengoa, reputados como profesionales y políticos honrados. En círculos cercanos se dice que nada tuvieron que ver con la contratación y que sólo firmaron, por lo menos uno de ellos sin siquiera analizarlo. El documento es de 52 páginas en letra de 8 puntos, difícil de leer.

Uno de los aspectos a aclarar es quien es el padre del préstamo o mejor el padre y la madre que ratifican la falta de transparencia y de institucionalidad.-

Falta de transparencia

Es obvio que todo el contrato está afectado por la oscuridad, por absoluta falta de transparencia. Deberían explicar si la secretaría de Finanzas o la de Interior y Policía pidió a la Sun Land en exclusiva la elaboración de esa oferta o si la iniciativa fue de la empresa, la que aparece en bases de datos de Estados Unidos con 4 empleados y ventas en el 2005 por solo 260 mil dólares. Lo que se llama una empresa de fachada. Por la ausencia de concurso este contrato es peor que el famoso Renove,  que ha originado un proceso judicial, puesto que aquel involucró concurso entre empresas distribuidoras de vehículos, lo que determinó que los precios ofertados estuvieran más acordes con los del mercado.

La compra de 800 vehículos pudo haber sido negociada directamente con financiamiento japonés o de Taiwán o Corea, a propósito del reciente viaje del presidente Fernández, para traer vehículos de esos países. También pudo gestionarse financiamiento estatal en Estados Unidos para adquirirlo de sus fabricantes, a precios mucho menores.

El contrato amerita explicaciones del gobierno, especialmente de los secretarios de Interior y Policía y de Finanzas, Franklin Almeida y Vicente Bengoa, reputados como profesionales y políticos honrados. En círculos cercanos se dice que nada tuvieron que ver con la contratación y que sólo firmaron, por lo menos uno de ellos sin siquiera analizarlo. El documento es de 52 páginas en letra de 8 puntos, difícil de leer.

Uno de los aspectos a aclarar es quien es el padre del préstamo o mejor el padre y la madre que ratifican la falta de transparencia y de institucionalidad.-