Hoy 
Las llamadas veedurías ciudadanas de tiempo atrás creadas para transparentar el funcionamiento de entidades oficiales no han dado señales de vida en años tras los primeros meses de su existencia sin suficiente apoyo institucional. Aunque cuidar los patrimonios del Estado es tarea fundamental de órganos convencionales de control, la idea de acercar a la gente común y a los investigadores periodísticos a las interioridades de los desempeños de la administración del Estado se correspondía con el interés, que no se concretó, de combatir opacidades. Inoperancia vinculable de alguna manera a una racha posterior nunca vista de expedientes pendientes de fallos sobre supuesta corrupción en abusos del poder para enriquecerse tratados con lentitud por la Justicia. Lo que no significa que deba renunciarse a imponer honradez y pulcritud en quienes tienen a su cargo bienes e intereses del pueblo dominicano y conviene que ese objetivo pase ahora, con augurios favorables a la iniciativa del director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Guido Gómez Mazara, de valerse de la plataforma que pone a la luz con el nombre de «Ojo Cívico».
Puede leer: Una hermosa jornada periodística de 44 años
Una herramienta a disposición del universo ciudadano que expondrá información organizada clara y dinámica para descubrir a tiempo fallas procedimentales o éticas que lesionen el patrimonio nacional. Toda conducta cuestionable de funcionarios que traten de ejercer cargos para beneficio personal o reste eficacia deliberadamente a la fiscalización a cargo de otras ramas del sistema quedaría en evidencia. El “Ojo cívico” debería además estar dirigido a reforzar los escrutinios que aplican entes autónomos del Estado en protección a uso de fondos del Estado como la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas a fin de dar profundidad a fiscalizaciones sobre un Estado que por su megacrecimiento y dispersión de funciones con duplicidades desafía cada vez más a los mecanismos de observación y auditoría sin cuya eficacia prospera el peculado. Aquí ha sido débil la revisión de los patrimonios de personas que «custudian» riquezas nacionales con una mayoría de servidores públicos importantes escapando sin sanción a la rendición de cuentas que la ley les pauta.
