Conforme se aproxima la fecha de las elecciones presidenciales, el lenguaje de la campaña electoral se va tornando preocupante por su altisonancia y agresividad. La experiencia nos enseña que este estilo de campaña política ha provocado agresiones físicas entre adversarios políticos, sobre todo cuando sus manifestaciones han coincidido en lugar y hora. Con esta experiencia en mente, lo razonable es que se actuara de manera preventiva para evitar sucesos desagradables.

La Junta Central Electoral (JCE) tuvo una magnífica idea al convocar a la jerarquía de la Iglesia Católica y los dirigentes de los partidos que participarán con candidatos propios  en las elecciones del 20 de mayo, con la finalidad de articular un compromiso de evitar el lenguaje altisonante y las expresiones hirientes en el discurso de campaña. Ha sido un acuerdo necesario porque la tónica del proselitismo ya había cobrado  matices que permitían presagiar actos indeseables.

  Con este compromiso, que quedará plasmado en un documento, los grupos políticos renuncian a las expresiones ofensivas y optan por el respeto mutuo. Esto supone una renuncia a las imputaciones no sustentadas en evidencias o pruebas, que ya estaban ocupando mucho espacio en el discurso político. El país necesita marchar hacia las elecciones sin sobresaltos innecesarios.

Propuesta digna de valoración

Un desafío que ha tenido que enfrentar el país ha sido competir con otros países en los mercados internacionales con buenas perspectivas de éxito. Y en esas circunstancias, el término competitividad resulta una palabra clave que hay que traducir en hechos tangibles. Un informe puesto a circular por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) enfoca la necesidad de proveer bienes públicos para desarrollar la competitividad agropecuaria, en vez de dar subsidios para bienes de naturaleza privada.

 El informe propone un énfasis especial para reforzar la investigación y extensión, los  servicios de sanidad animal y vegetal, el control de la calidad de los productos y la capacitación de especialistas agrícolas y empresarios. La JAD tiene grandes méritos  como entidad agropecuaria y sus propuestas deberían merecer una profunda valoración entre los planificadores del Estado.