POR CÉSAR PÉREZ
En definitiva, quizás lo más importante de la presente discusión en torno a la reforma fiscal, es que esta, a pesar de sus limitaciones y de su carácter puntual, permite que alrededor de ella se pueda plantear, a los fines de crear conciencia política, la relación que existe entre el deseo de los gobiernos de recabar recursos para enfrentar sus urgencias y el legítimo deseo de la población de que se le incluya entre esas urgencias.

En la historia de las luchas políticas y sociales, la humanidad ha vivido tres grandes épocas, las cuales significado tres grandes pasos en su largo camino hacia su emancipación y que son tres de sus más importantes conquistas: el establecimiento de la igualdad de todos los seres humanos, siglo XVIII, el derecho al sufragio universal (elegir y ser elegido), finales del siglo XIX y el derecho a la ciudadanía social, finales del siglo pasado.

El derecho a la ciudadanía social, significa el derecho a la inclusión y disfrute de los beneficios que la producción social de la riqueza debe garantizar a todo ser humano: acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, al transporte seguro, al disfrute del tiempo libre, a la infancia y vejez seguras, vale decir a la seguridad social. Cualquier ser humano al que no se le haya garantizado uno de esos derechos, en cierta medida, forma parte de la legión de los excluidos sociales.

Los datos obtenidos en varias fuentes, incluyendo la oficial, dan cuentas de que con la crisis económica que vive el país, provocada básicamente por la quiebra fraudulenta de tres bancos, el número de pobres, de los excluidos sociales, se ha incrementado. Por lo tanto, a pesar de que vivimos en plena época del establecimiento del derecho a la ciudadanía, como sociedad nos alejamos del norte que nos traza dicha época.

El nuevo equipo de gobierno ha planteado una reforma fiscal básicamente para obtener recursos que le permita limitar el déficit fiscal porque atraviesa nuestra economía y para dar cumplimiento a una exigencia del FMI para este pueda dar una ayuda financiera para que el gobierno dominicano pueda resolver sus urgencias. El proyecto es de corte puramente fiscalista sin un mínimo de contenido social.

Es cierto que futura administración necesita de esos recursos para poder manejarse adecuadamente y eso es legítimo y razonable, pero es también legítimo y más que razonable, imperativo, que la mayoría de este pueblo, reducido a simple poblador, no de ciudadano, se pregunte cómo serán invertidos esos recursos, además de los que obtendriá por los nuevos impuestos generados por la mentada reforma.

Uno de los impuestos que se contempla introducir que mayor polémica produce es el que grava los ahorros. En general, el ahorro es una garantía que se da un individuo para un consumo futuro, o para enfrentar la contingencia de un gasto, previsto o imprevisto. En el caso de un país como el nuestro, con un gobierno que no garantiza la vejez ni la cobertura de los servicios básicos: salud, transporte seguro, vivienda y educación, el ahorro constituye una suerte de seguridad social que se solventa de manera individual para enfrentar cuestiones que en los países con estados responsables están cubiertas por sus gobiernos

Resulta injusto y hasta escandaloso que este estado, que no garantiza esos derechos ciudadanos, pretenda arrebatar, de manera indiscriminada, a todos los ahorristas, parte de los recursos que estos tienen destinados a la cobertura de las urgencias que ese mismo estado debería cubrir. Si se quiere penalizar la riqueza, que se haga con justicia, estableciendo no solamente una escala de penalización, sino que se vaya al fondo del tema investigando el origen de mucha riqueza malamente habida deposita en los bancos.

Cómo pretender que aceptemos darle nuestro dinero a un estado históricamente irresponsable ante la seguridad social de sus ciudadanos, sin que este nos ofrezca una garantía sobre cómo usará ese recurso. Sin un compromiso donde se establezcan partidas claramente establecidas, para la aplicación de la ley de seguridad social y en la mejoría sustancial de los servicios. Sin oferta de migajas envilecedoras a través del llamado programa de compensación social, para que el pueblo apoye la buscada reforma.

El nuevo gobierno y su presidente a la cabeza, quieren obtener el apoyo de los poderosos a su reforma, es natural, tratando al mismo tiempo de de que los alcances de esta afecten lo menos posible a los pobres y a las capas medias. Pero, la forma en que algunas de las medidas planteadas perjudicarán a esos sectores y su no manifiesto compromiso con acompañar las reformas con una política social que trascienda el asistenciallismo, auguran un empeoramiento de la crisis que afecta a toda la sociedad.

Por tal motivo, si el gobierno entrante busca apoyo en la población y vencer la recia resistencia que le hacen los poderosos, tiene que plantearse una reforma no solamente para este manejar sus particulares problemas, sino que esta sea el inicio de la política de inclusión social que este pueblo ha demandado a todos los gobiernos que ha tenido. Ese es el gran reto del nuevo gobierno, si lo elude o el pueblo no logra imponérselo, perderemos otra oportunidad de lograr un pacto social que nos brinda la presente coyuntura y seguiremos sin rumbo. Quizás hacia el desastre total.