La historia de nuestro país no ha ayudado a fortalecer el espíritu cívico ni la democracia. Tres siglos de absolutismo español, administrado a control remoto con reales cédulas e instrucciones que “se acatan pero no se cumplen”, manejadas por tiranuelos de segunda mano; medio siglo de cambios de soberanía entre España, Francia y Haití, rivalizando en violencia y arbitrariedad; y ciento sesenticinco años de vida republicana pletórica de tiranías y salpicada de intervenciones militares y políticas, con breves momentos luminosos; no han sido propicios para el desarrollo de una cultura de respeto a la democracia y  sus instituciones.

Ello explica en parte porqué un Presidente que incumple todas sus promesas y que auspició una nueva Constitución de manera unipersonal, al margen de un poder Constituyente, contra muchas recomendaciones de una consulta popular y de una Comisión de Juristas que él mismo designó, plena de disposiciones despóticas ocultas, bajo un manto de enunciados liberales, hace un pacto con un político con vocación de poder, pero sin mayor jerarquía actual que la de ex candidato presidencial, para reformar una Constitución que el propio texto del convenio señala que “debe ser obra colectiva por el respeto que debe inspirar la ley suprema de la nación y por su vocación de estabilidad y permanencia”.

Las propuestas del convenio en sí son buenas en su conjunto, pero  la primera, sobre la nacionalidad, no es específica; la segunda, tercera y cuarta, sobre el número de diputados, incluyendo los del exterior y por acumulación, no señalan cómo se procedería el ajuste numérico resultante; la quinta, sobre la unificación de las elecciones, quizás tiene justificación en el nivel nacional, pero para los municipios sería nefasta, y contrario a como se hace en casi todo el mundo; la sexta, sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, es tan genérica que no permite juzgar sus posibles efectos; y la séptima, sobre la reelección presidencial, aunque positiva de por sí, queda invalidada en la práctica si no se especifica en el texto su aplicación  inmediata.

Esto es así, porque aparte de lo que acostumbra hacer el presidente Fernández con sus promesas, en el acto estaba presente un distinguido abogado, miembro de la Comisión de Juristas de marras, que ha declarado públicamente que con una disposición de este tipo Leonel Fernández puede intentar reelegirse en el 2012, probablemente interpretando que al ser un texto nuevo, éste debe regir solo para el porvenir, ya que hay  “borrón y cuenta nueva”.

Por lo demás, este acuerdo podría interpretarse que valida las otras propuestas del Proyecto, que hieren otras instituciones del Estado, como el Referendo para la modificar la propia Constitución, el Congreso, la Justicia, los municipios, la elección de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas, y hasta de la Junta Monetaria.

Ojalá que la República Dominicana, cuando cuente con una mejor y mayor educación y empleo, manteniendo una prensa libre y el respeto a los derechos humanos, pueda ir fortaleciendo sus instituciones políticas, aprovechándose de la experiencia de los errores.