Como un mal que afecta a todos, la  criminalidad tiene que ser enfrentada por todos. Se requiere una alianza que permita trazar las estrategias necesarias para atacar el problema de manera integral.

Con ese propósito se han formulado muchas propuestas, la más reciente de las cuales es la del senador José Rafael Vargas, quien sugiere un pacto entre  gobierno,  partidos políticos y la sociedad civil para contrarrestar el crimen.

Su punto de vista enfatiza  en la formación y mejora de la calidad de vida de maestros y policías, sin importar costos económicos, para emprender la tarea.

La lucha contra la criminalidad mediante el fortalecimiento cualitativo de la educación, así como  la prevención y persecución del delito, como se propone, necesitará complementos como énfasis en la creación de oportunidades de trabajo y fortalecimiento de la estructura familiar, cuya cohesión se ha deteriorado.

El pacto social tiene que enfocar todas las variables causales para que pueda alcanzar las metas perseguidas. Sin embargo, es atinado empezar por las vertientes sugeridas por el Senador para hacerle frente a la urgencia de ir alcanzando niveles cada vez más aceptables de seguridad ciudadana. La sociedad debe sentirse convocada a respaldar iniciativas como ésta y a involucrarse en las tareas que permitan lograr los objetivos.

Que se investigue

Parece estar en peligro el trabajo de repoblación forestal y preservación de biodiversidad hecho por la anterior gestión del Ministerio de Medio Ambiente en las márgenes del río Isabela.

Rafael Luna, presidente de la Fundación de Desarrollo y Medio Ambiente de la Puya (Fundemapu), afirma que miles de árboles han sido destruidos en las proximidades de Cuesta Hermosa II, aparentemente por  personas interesadas en los costosos terrenos de la zona.

Se recuerda que la anterior gestión de Medio Ambiente reforestó esa zona e hizo trabajos de conservación de especies de flora y fauna. A partir de esos trabajos, esa parte de las riberas del Isabela se convirtió en atractivo para el público.

La deforestación de cuencas hidrográficas es un crimen ecológico. Las autoridades tienen que investigar esta denuncia y determinar responsabilidades.