En su discurso a propósito de la conmemoración del Día del Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, ha llamado a los partidos políticos a suscribir un «pacto social por el bienestar del país», definido por la meta de combatir efectivamente la corrupción, el narcotráfico, lavado de activos y terrorismo.
En ese llamado, el presidente de la Suprema invoca y respalda planteamientos similares que hiciera recientemente el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien ha insistido de manera persistente que las fuerzas sociales asuman la responsabilidad de combatir estos males.
Su llamado, además, es coherente con unas declaraciones que hiciera hace poco, señalando que la delincuencia y la criminalidad son una consecuencia de no combatir y sancionar enérgicamente la corrupción en los ámbitos público y privado.
El magistrado pretende que ese pacto se firme por ocho años, de manera que pueda sobrevivir al menos dos períodos consecutivos de mandato bajo la premisa de respetar la continuidad del Estado.
En este llamado hay coincidencia con planteamientos hechos por amplios sectores para que las fuerzas sociales se involucren en la elaboración de una agenda nacional que garantice la continuidad del Estado y permita una definición de metas para corto, largo y mediano plazos.
II
Estos planteamientos, que provienen de liderazgos y autoridades respetables, permiten colegir que hay coincidencias importantes en el criterio de que el país necesita urgentemente corregir el rumbo y tener conciencia de saber hacia dónde quiere trazar su ruta y por cuáles objetivos.
Sin embargo, aunque parezca contradictorio, han sido los propios partidos políticos, a los que en esta oportunidad llama el Presidente de la Suprema Corte, los primeros en torpedear la idea de una agenda nacional o un pacto social, a pesar de que han reaccionado positivamente cuando les ha sido planteada la idea.
El país necesita abandonar la cultura de lo coyuntural, de los amarres de último momento, de la burla de lo acordado, de los incumplimientos, del aplazamiento de las prioridades, de asumir roles de Estado para servirse de ellos. Una buena parte de estas barbaridades son culpa de los partidos políticos.
En estos tiempos tiene vigencia en toda Latinoamérica un fenómeno social que pone de manifiesto cuán distanciados están los pueblos de los partidos que dicen representarlos. Si alguien lo duda, que se pregunte por qué en Venezuela, Bolivia, Uruguay y otros países han asumido el poder político personajes que no pertenecen a partidos tradicionales, sino a versiones populistas surgidas en medio de coyunturas que las organizaciones políticas de siempre han rehuido afrontar.
El pacto social en los términos que ha sido propuesto debe ser considerado una la primera alternativa para prevenir sorpresas.