Habría que preguntarse cuál es la  medida exacta de realidades ocultas en este país a causa de incumplimientos de normas que obligan a informar a organismos del Estado sobre una diversidad de actos de la vida ordinaria. Recientemente el secretario de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, reaccionó contra la desidia de administraciones de clínicas que están en el deber de contribuir  con reportes a que el país logre  el justo  perfil de avance o retroceso del dengue. A esa apatía se agrega la de médicos privados que además no han seguido  con profesionalidad los protocolos de detección y seguimiento de este mal que puede matar… y a veces lo hace.

Llevando la omisión, sancionable en cada caso, a un marco más amplio  habría que advertir sobre el casi seguro hecho de que en otros ámbitos del discurrir nacional estemos a oscuras por falta de estadísticas actualizadas. Otras enfermedades  son de reporte obligado para protección  de la salud pública. También lo son las defunciones, nacimientos, divorcios, movimientos de nóminas, variaciones de ingresos, pérdidas o utilidades de empresas, cambios de domicilio  y crecimientos o bajas en renglones productivos; enfermedades y pestes en la ganadería y la agricultura. Una República Dominicana que  a diario nos da en los ojos podría tener debajo de las apariencias un país diferente.

Un trámite urgente de llenar

Tan cierto como que el sol sale a diario es la situación de que las granjas avícolas dominicanas están libres de virus internacionalmente proscritos. Hubo en su momento la detección aislada en el territorio nacional (no en pollos de centros de producción) de una emergente gripe aviar  de otros lugares del mundo. Haití, principal y quizá único mercado externo de nuestra bien desarrollada industria avícola, mantiene una restricción a las aves y huevos de  origen dominicano… y hace bien.  Resulta una penosa deficiencia que no  se hayan obtenido certificaciones de organismos externos  que digan la realidad sanitaria animal y que se obtendrían sin reparo.

Es un paso que, bien se sabe  conlleva  ciertos gastos y un trabajo de alguna amplitud a cargo de especialistas extranjeros, cuyo servicio debe ser pagado por el país, para que ratifiquen algo que ni siquiera puede estar en mucha duda. La producción avícola no encierra riesgos para nadie. Los sectores público y privado deberían ya mover esas teclas. Rebasemos la odiosa e improcedente restricción.