Carlos Nino, eminente jurista argentino ido a destiempo, escribió un libro intitulado “Un país al margen de la ley”, que debería orientar la lucha de los dominicanos que aspiran a consolidar un Estado regido por las leyes y no por la voluntad arbitraria de los gobernantes.

Según el autor, en Argentina hay una tendencia recurrente a la ilegalidad en todas sus manifestaciones, desde la persistencia de la economía informal hasta la corrupción pública.

La tesis de Nino, que la ilegalidad estructural afecta negativamente la productividad social, no es tan original, como él mismo reconoce, pues, desde Max Weber se sabe que “el moderno capitalismo industrial racional necesita tanto de los medios técnicos de cálculo del trabajo, como de un derecho previsible y una administración guiada por reglas formales; sin esto es posible el capitalismo aventurero, comercial, especulador, y toda suerte de capitalismo político, pero es imposible la industria comercial privada con capital fijo y cálculo seguro”. Para decirlo en términos más actuales, un capitalismo sin reglas jurídicas ciertas y respetadas deviene en “capitalismo salvaje”.

Conforme Nino esta situación típica de nuestra América se remonta a la colonia española, donde no por azar se afirmaba que “la ley se cumple pero no se acata”. Este vicio colonial se traslada a las repúblicas democráticas, repotenciado ahora por el hecho de que a la voluntad del pueblo nada, ni siquiera la ley, se le puede válidamente oponer porque, desde Rousseau, el pueblo siempre quiere lo bueno y, si no lo quiere, una minoría gobernante, que sí sabe en qué consiste la verdadera voluntad popular, la que Lenin denominó “vanguardia del pueblo”, forzará a que el pueblo conozca ese bien común que para Santo Tomás de Aquino no es la simple suma de los bienes individuales.

De ahí la idea tan consolidada en los populismos de izquierda y en los autoritarismos de derecha de que la ley es un obstáculo, de que tanto las reivindicaciones sociales como el desarrollo capitalista deben lograrse a toda costa, aún sea en detrimento de la institucionalidad.

Como se puede observar, lo que afirma el poder y aplaude el pueblo en nuestros países americanos es una idea totalmente opuesta al “rule of law” de la tradición angloamericana. En esta tradición, “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente” (Lord Acton), por lo que se requieren “frenos y contrapesos” (“checks and balances”) que limiten al poder.

El principal contrapeso al poder es la idea de Derecho y las formas del proceso. Y es que para los angloamericanos, “las formas jurídicas son garantes de la libertad” (Pound). De ahí la idea de “debido proceso” (“due process of law”) que, aunque en su origen tiene una simple connotación procesal, finalmente adquiere un cariz sustantivo al exigirse no solo que nadie pueda ser juzgado o encarcelado sin el debido proceso de ley sino que también nadie pueda ser limitado en sus derechos de modo irrazonable.

Como Trujillo,  consciente de su falta de legitimidad democrática, fue extremadamente respetuoso de las formas legales, tras su muerte, los dominicanos reaccionamos con un desprecio total a la ley, lo cual se entiende en un país hastiado de la “parodia constitucional” trujillista (Galíndez).  Por eso, en democracia hemos pensado que la ley es un obstáculo que hay que saltar para así poder garantizar justos fines sociales. Todos somos maquiavélicos porque creemos que el fin justifica los medios, aún sean estos ilegales. Como no somos capaces de lograr la igualdad de todos ante la ley, entonces buscamos que nadie escape, sea rico o pobre, poderoso o débil, a la “igualdad ante el atropello”.

Por eso, las formas legales estorban, las garantías penales son vistas como privilegios de los delincuentes y las exigencias constitucionales como molestosos y prescindibles ritualismos. Olvidamos así que, como afirmaba Hassemer, “una cultura jurídica se prueba a sí misma a partir de aquellos principios cuya lesión nunca permitirá, aun cuando esa lesión prometa la mayor ganancia”. Y lo que es peor: sumidos en el populismo penal, el linchamiento mediático y el desprecio a la ley, con cada golpe a las instituciones y las garantías, avanzamos en el no tan largo camino hacia la barbarie.