Un país al oro vivo

Un país al oro vivo

Pocas veces nuestro pueblo había alcanzando tan alto nivel de unificación en torno a un tema de interés nacional como el logrado respecto a la impostergable renegociación del contrato de la minera canadiense Barrick Gold con el Estado dominicano; de hecho, tan solo unos cuantos orcopolitas contabilizables con los dedos de una mano, han tenido el descaro de permanecer del lado de una multinacional que por todos los medios posibles ha tratado de adueñarse de las riquezas naturales de una nación que se resiste a ser estafada una vez más.

Nunca antes como ahora los dominicanos habíamos conocido las interioridades de un contrato y sus implicaciones económicas para el país. No es extraño escuchar a un ciudadano promedio repetir en las calles de nuestras ciudades que en la mina de Pueblo Viejo, Cotuí, en la provincia Juan Sánchez Ramírez, los dominicanos tenemos, por lo menos, sesenta mil millones de dólares enterrados y convertidos en oro, plata, cobre y otros minerales.

Barrick Gold mantiene una postura muy intransigente en cuanto a la renegociación de su contrato con el Estado dominicano, a un grado tal que está dejando a las autoridades gubernamentales sin otra alternativa que no sea la aprobación de la anunciada ley estableciendo un impuesto a las ganancias en exceso por la actividad minera.

La temperatura aurífera del país se ha incrementado en los últimos meses, la Cámara de Diputados ha revelado elementos que definen el contrato en cuestión como inconstitucional, han quedado demostradas violaciones por parte de Barrick Gold a leyes medioambientales, municipales, tributarias, aduanales, etc.

Ante temas tan importantes que aún están pendientes por resolver en nuestra nación, resulta realmente inaceptable que una multinacional, no importando los subterfugios legales que se puedan esgrimir, pretenda impedir que este pueblo haga uso de sus riquezas naturales para la solución de sus grandes males.

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