Recientemente el gobierno de los Estados Unidos, como cada año, volvió a incluir a nuestro país entre las naciones que se consideran “grandes productores o plataformas para el tráfico de drogas”. Esto es que, de acuerdo con esta evaluación de los EE.UU., vanos han sido los esfuerzos del país para controlar negocio ilegal de las drogas. Esto, controlja pesar de que las políticas dominicanas contra las drogas están centradas en la represión y el control. Una política del pasado, que muchos Estados empiezan a abandonar.

El Tribunal Constitucional de nuestro país nos dió otra evidencia más de que en materia de drogas rige un pensamiento del pasado, incluso en personas de las que se espera mayor lucidez en sus decisiones. Mediante la sentencia TC/0365/17, este tribunal ratificó la aberración del artículo 7 de la ley 50 -88, al concluir que no viola los derechos el clasificar como traficante a las personas con simple posesión de “LSD o cualquier otra sustancia alucinógena, lo mismo que el opio y sus derivados”. El Tribunal Constitucional emitió su fallo, en contra de acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Lic. Juan Carlos Bircann Sánchez, en el año 1998, en contra también del Dictamen favorable del procurador general de la República para el año 2004, Lic. Francisco Dominguez Brito. Saludamos los honrosos votos disidentes de la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, y los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, y Jottin Cury David.

Es una sentencia que va a contracorriente de lo que está pasando en otras sociedades. Ya en el año 2009 en Argentina el “fallo Arriola”, “reconoce la inconstitucionalidad en el castigo, a una persona adulta por la tenencia de marihuana para consumo personal en el ámbito privado”. La Suprema Corte de México, reconoce que los derechos humanos, las libertades individuales, la dignidad humana, están por encima de las absurdas políticas de guerra contra las drogas, que criminalizan a las personas consumidoras, especialmente a las más jóvenes y vulnerables.

El debate se ha abierto en Costa Rica. Se ha despenalizado el consumo en Jamaica. Lo mismo sucede en Colombia. En EE.UU. mismo se abre camino en varios estados la legalización de la venta de marihuana. Desde 1974 no se persigue a las personas usuarias en Uruguay. En este paradigmático país se cultiva marihuana en predios de las fuerzas armadas para suplir un mercado legal controlado por el Estado. En Europa en general, la persona consumidora no es perseguida, y el consumo problemático es tratado desde la perspectiva de la salud. Portugal despenalizó el uso personal, luego de lo cual reportó un descenso en los consumos y en los delitos relacionados con las drogas.

Estas sociedades que ya han avanzado en la despenalización de los consumos, otras que incluso han generado niveles de legalización para los consumos recreativos y medicinales, como es el caso del cannabis o marihuana, ven sus avances en la baja de la criminalidad, entre muchos otros resultados positivos.

Las evaluaciones, estudios, y recomendaciones de expertos de todo el mundo, incluyendo organismos internacionales como la ONU y muchos otros de América y Europa, concluyen siempre en que la mal llamada guerra contra las drogas es un fracaso. Pero hoy se sabe que estas políticas, basadas en legislaciones ultrarepresivas y fuerzas militares y policiales, en realidad son peores que las drogas a las que dicen combatir. Son políticas que violan los derechos y la dignidad de las personas usuarias, que en su inmensa mayoría el 90%, no generan ninguna consecuencia personal, familiar o social.

Pero, también muchos gobiernos del mundo mantienen a sus países atados al pasado. Uno de esos gobiernos es el de la República Dominicana. En nuestro país se aplica, mediante la anacrónica ley 50-88, una de las políticas más absurdas que una sociedad puede darse para enfrentar un fenómeno social, como es el de las drogas. Las autoridades dominicanas están muy ocupadas aplicando políticas de miedo. Persiguiendo usuarios, pequeños distribuidores y traficantes de poca monta. Se continúa aplicando una política como si fuera un dogma inamovible. Una política que surgió en los Estados Unidos, basada en estereotipos, discriminaciones, violaciones de derechos. Una política pública que mantiene a nuestro país anclado en el pasado. En un estado social y democrático de derecho como el establecido en nuestra Constitución, una política pública no puede estar cimentada en abusos contra las personas y sus derechos.

En nuestro país, nunca se pueden evidenciar resultados positivos de estas políticas abusivas. Solo se nos habla de incautaciones y apresamientos. Estos últimos son en un gran porcentaje personas usuarias inocentes de las comunidades más empobrecidas de nuestra sociedad. No se puede seguir así. Contra las drogas, nuestra sociedad espera un liderazgo lúcido, capaz, preocupado por los derechos y las personas. Es tiempo de obrar con inteligencia, dejando atrás los dogmas de las políticas represivas. Es tiempo de levantar las anclas del pasado.

Necesitamos evolucionar hacia políticas más humanas, centradas en la reducción de la demanda. Hay que empezar por despenalizar los consumos y liberar a las personas inocentes que hoy se tratan como delincuentes por solo ser consumidoras. Se debe debatir ampliamente acerca de la regulación de las drogas, pues es imposible controlar un producto ilegal. En las políticas actuales son los traficantes los que tienen el control, mientras nuestras autoridades se contentan con alardear.