Si hubiera que demostrar que al dominicano le gusta dejar sus obligaciones para el último momento, el ejemplo más a la mano es el de los marbetes de las placas.

A pesar de que el plazo para cumplir ese requisito fiscal vence el 10 de octubre próximo, hasta la fecha solo un 35% de los propietarios de automóviles ha adquirido el marbete.

Hasta ayer, un 65% de los propietarios de vehículos no había agotado ese procedimiento y, posiblemente, esa masa humana será la que dentro de algunos días abarrotará los puestos de expendio del comprobante que se adhiere al cristal delantero de los vehículos.

Por lo general ocurre que en el último momento, autoridades que habían sido tajantes en la advertencia de que no habría prórroga, han terminado dando nuevos plazos para que los ciudadanos cumplan obligaciones como la que nos ocupa.

Esa «flexibilidad» ha contribuido mucho a que la gente se acostumbre a dejar las cosas para el último momento, por tener la certeza de que, a fin de cuentas, «siempre hay prórroga».

Independientemente de que causas económicas hayan influido, es, a estas alturas, demasiado alta la proporción de dueños de vehículos que no ha sacado  el marbete de circulación.

Sin embargo, para ser justos hay que decir que también las autoridades postergan a veces las cosas, en perjuicio del interés de los ciudadanos.

En el caso de la «Revista» ha ocurrido que el acoso de los policías de tránsito se produce en  momentos en que las estafetas carecen de marbetes, y esto no es culpa de los conductores.

Muchos dominicanos siempre se las arreglan para darle largas a las obligaciones, seguros, según parece, de que vivimos en un país que marcha de prórroga en prórroga.

Una sola vía

La ley establece claramente la forma de canalizar nuestra disconformidad ante una sentencia judicial.

Hay establecidos, de manera muy clara, procedimientos mediante los cuales los ciudadanos pueden cuestionar aquellas sentencias no definitivas, susceptibles de ser modificadas en una instancia superior.

Salir a las calles a protestar violentamente y causar daños a propiedades públicas y privadas se aparta de las normas de convivencia social para caer en el delito común y, eventualmente, según la gravedad de los daños, en lo criminal.

Y las autoridades judiciales están obligadas a actuar contra quienes «equivoquen» los procedimientos y expresen su descontento arremetiendo contra propiedades y apartándose, deliberadamente, de las reglas civilizadas que garantizan las leyes.

Lo anterior está dicho a propósito de las protestas violentas realizadas ayer en varias vías públicas por afiliados de una organización de transportistas para cuestionar una sentencia judicial que afecta a uno de sus dirigentes.