A pesar de que la República Dominicana es signataria de  varios protocolos y convenios que regulan el uso, manejo y conservación de tóxicos de alta peligrosidad, todavía se importan, emplean  y conservan cantidades importantes de sustancias venenosas difíciles de degradar. Por ejemplo, tenemos 20 toneladas de DDT almacenadas de manera inadecuada en el Centro de Control de Enfermedades Tropicales (CENCET) y hay 350 toneladas de aceite para transformadores eléctricos al que se atribuyen propiedades cancerígenas.

El problema se agrava porque la gente común tiene cada vez más contacto con elementos químicos peligrosos que forman parte de aparatos de tecnología moderna. Lámparas y bombillas fluorescentes de bajo consumo de electricidad contienen vapores de mercurio peligrosos para la salud. Cada día aumenta el uso de aparatos portátiles activados por baterías que  tienen compuestos tóxicos, como el litio para citar alguno. No hay normas para disponer de estos elementos  de manera segura.

Tampoco hay aplicación rigurosa de las normas para disponer de residuos industriales, como  aceites de motores de combustión interna o del denominado “aceite eléctrico”, que mucha gente utiliza en remedios caseros. Tenemos un país lleno de venenos y sin controles adecuados sobre los mismos.

Dicho desde dentro es  distinto

Cuantas veces dirigentes de  oposición o técnicos independientes han advertido que es necesario controlar el gasto y la nómina públicos ha habido desde el Gobierno reacciones de inocultable molestia. Ahora debería ser distinto, pues quien hace el señalamiento es parte del Gobierno, pues se trata del doctor Marino Vinicio Castillo, asesor del Poder Ejecutivo en materia de drogas y presidente de la Comisión de Ética y Prevención de la Corrupción.

Hay que revisar -ha dicho el doctor Castillo- los salarios excesivos que devengan funcionarios. Sus expresiones tuvieron por objetivo otorgar razón a críticas hechas al Gobierno por el grupo cívico Participación Ciudadana, que recientemente cuestionó el incumplimiento oficial de la ley de libre acceso a la información pública. De manera que la demanda de racionalización del gasto público no es un arma de oposición contra Gobierno, sino una sana observación hecha desde dentro.