El masivo registro de niñas y adolescentes pobres en unión libre (59% de ellas en el país) con adultos de larga vivencia denuncia una desprotección alarmante para seres en minoría de edad a los que la ley no debe reconocer capacidad para dar consentimiento a la entrega carnal.

Ninguna ley debería ser tan flexible como para autorizar tal cohabitación; e igual de nocivo socialmente sería que por negligencia se estuviera pasando por alto algo que por imperativos de la inmadurez biológica debería ser tipificado como violencia sexual para aplicación del Código Penal.

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Contra la iniciación a la vida reproductiva en etapa escolar, inferioridad orgánica y condición de pobreza vulnerable a los desafueros de la tenacidad masculina, están prohibidos los matrimonios con menores de edad, quedando como ilegítima alternativa el convertirlas en concubinas para la dominación del hombre en esta cultura de supremacía machista.

Una investigación social estableció que la edad promedio de quienes hacen de maridos de casi-niñas que a veces apenas llegan a 15 años, está entre los 40 y los 60, desproporción que agrava las que no son más que seducciones espurias que colocan al país en el primer lugar de América Latina en embarazos en adolescentes y en cuarto en uniones tempranas con individuos de curtida existencia y desconocimiento de los límites.

El Estado falla inexcusablemente al no aplicar normas de protección a los segmentos marginados más expuestos a uniones tempranas.