Al conocer esta semana los artículos referentes al sistema de administración electoral, la Asamblea Nacional que discute el proyecto de nueva Constitución de la República del presidente Leonel Fernández prosiguió en lo que ya parece ser su característica: dar un paso hacia delante y otro para atrás.

 El resultado final será esencialmente conservador, ratificante de las razones por las que durante años se preconizó la necesidad de una reforma: actualizar la Constitución a los  requerimientos de los nuevos tiempos. Y al final tendremos una nueva carta magna lista para volver a ser modificada tan pronto cambien los actores políticos dominantes.

Paso adelante: La asamblea aprobó la separación de las funciones administrativas y contenciosas electorales en dos organismos autónomos, creando un Tribunal Superior Electoral integrado por tres jueces y sus respectivos suplentes. La decisión se inscribe en la corriente internacional para evitar la dicotomía de que algunos sean partes y jueces a la vez.

Paso para atrás: No pudieron ponerse de acuerdo en el número de integrantes del organismo administrativo que quedaría con el nombre de Junta Central Electoral, que unos proponen sea también de tres miembros y suplentes, pero otros prefieren cinco, hasta el punto de planearse dejar que eso lo determine una ley.

Paso adelante: Los asambleistas acogieron las demandas de que en la misma Constitución se faculte a la Junta Central Electoral “para reglamentar los tiempos y límites en los gastos en los tiempos de campaña, así como el acceso a los medios de comunicación”, esencial y urgente para mejorar la democracia.

Paso para atrás: Aprobaron que sea el Senado quien elija los integrantes del Tribunal Electoral, restándole así su carácter esencial de arbitraje jurídico, para mantenerlo como órgano político sujeto a la voluntad de la mayoría de turno, atendiendo al criterio de que quien reparte y reparte saca la mayor parte. Ese, como los demás tribunales, debería ser constituido por la Suprema Corte de Justicia o por el Consejo Nacional de la Magistratura.  

  La economía, la austeridad en la disposición de los escasos recursos de un país tan pobre que no tiene lo suficiente para educación, salud, agua potable, electricidad y alcantarillados, es lo que debería predominar en la constitución de todos los organismos del Estado.

 Aún el Tribunal Superior Electoral, que además de los 6 titulares y suplentes tendrá un aparato administrativo, es un exceso al unirse todas las elecciones en un mismo día cada cuatro años. Eso quiere decir que pagaremos jueces para tomar decisiones cada cuatro años, si las hubiere, mientras los jueces ordinarios tienen que despachar cientos de casos cada mes. En la medida en que mejora el sistema electoral la tendencia es a reducirse las impugnaciones. Lo mismo ocurrirá al interior de los partidos si aprueban la muchas veces consensuada ley de partidos, que normaría la elección de dirigentes y  candidatos.

 Aún hay tiempo para, como propuso esta semana el senador Francisco Domínguez Brito, recoger una propuesta de Participación Ciudadana, de que el Tribunal Superior Electoral sea constituido por jueces de las cortes de apelación que sesionen en materia electoral cuando sea requerido, y el resto del tiempo mantengan sus funciones ordinarias.

 La idea no gustará a los que en el sistema político viven buscando ampliar los cargos a repartir. Los mismos que están pretendiendo llevar a 209, y se propuso hasta 250, los actuales 178 miembros de la Cámara de Diputados. La realidad es que este número es excesivo e inoperante y debería ser reducido o, por lo menos, congelado.

 Otro tanto ocurre con la Cámara de Cuentas, que no precisa de 9 titulares. Por el contrario, ese abultamiento sólo sirve para crear tensiones internas, reparticiones de prebendas y áreas de influencia y multiplicación de conflictos de intereses de todos los géneros.

 El gran paso adelante que precisa esta nación es ahorrar, disminuir el dispendio que caracteriza todas las instituciones públicas, y se constituye en escándalo como hemos visto en los últimos tiempos con los subsecretarios, los vicecónsules, las nóminas y nominillas de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, del Programa de Reducción de Apagones, de la Lotería Nacional, del Instituto Agrario Dominicano y tantos otros organismos públicos. Que en vez de repartir botellas invirtamos más en educación, en salud, seguridad social, acueductos, energía, alcantarillados sanitarios y pluviales, en represas, carreteras y caminos vecinales.