Superando diferencias que por decenios colocaban a los profesores sindicalizados en guerra con los Gobiernos (aunque coincidieran partidariamente) la gestión del presidente Luis Abinader y el liderazgo de ADP encabezado por Eduardo Hidalgo pactaron elevar integralmente la calidad de la educación y librarla de activismos ajenos a sus fines, reenfocando y precisando metas que incluyen colocar recursos humanos en vías de superación profesional y de condiciones de vida. Se ha encendido una luz cuando preocupa hondamente a la sociedad que la conquista del 4% presupuestal para la enseñanza, con años de existencia, no generara todavía cambios fundamentales; no imprimiera vigor ni eficiencia al gasto ni apartara de beligerancia al factor gremial. Abatido el sistema público por una pandemia que acentuó males hallados por el actual ministro Ángel Hernández, interrogantes sobre la condición fallida de estructuras educacionales han inquietado al país y hacían de lugar una reunificación de voluntades que pasan ahora a estar a prueba con una nación como testigo.

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No sería tarea fácil, ni estaría totalmente libre de obstáculos, el propósito de colocar en trayectoria a la excelencia la tarea de educar a la población en edad de estar en las aulas de las que deberán salir jóvenes mejor preparados para los desafíos que aguardan. El pacto Gobierno-ADP debe dar frutos para que el Estado cese, finalmente, de fallarles a los dominicanos en ese sentido. Surgen expectativas sobre lo que más conviene y la sociedad espera que se cumplan.