El reciente anuncio del Gobierno dominicano de fusionar varios ministerios y eliminar diversas instituciones estatales ha generado un amplio debate, pero es crucial ver esta medida como una oportunidad para modernizar el aparato público y hacer un uso más eficiente de los recursos.

Con un objetivo claro de ahorro de RD$25,000 millones, esta iniciativa de racionalización y modernización promete beneficios tangibles para el Estado.

La fusión de ministerios como el de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) con el Ministerio de Educación (Minerd) es un paso que apunta directamente a reducir costos innecesarios y mejorar la calidad educativa. Esta unificación busca integrar los distintos niveles del sistema educativo para hacerlo más coherente y evitar la fragmentación que ha sido, en ocasiones, un obstáculo para el aprendizaje efectivo.

Además, el ahorro estimado de RD$20,000 millones derivados de esta consolidación de recursos puede ser destinado a áreas que requieren atención urgente, como la salud.

Puede leer: La seguridad ciudadana, un compromiso que debe convertirse en política de Estado

La eliminación de despidos no solo mejorará la eficiencia operativa del Estado, sino que también optimizará la gestión de los fondos públicos, contribuyendo a una distribución.

Otro aspecto positivo de la reorganización estatal es la reducción de la burocracia. Al fusionar ministerios y entidades absorbentes que duplican funciones, el Gobierno no solo ahorra recursos financieros, sino que agiliza los procesos administrativos. Esto resulta en un Estado más ágil, capaz de responder con mayor rapidez a las demandas de los ciudadanos y a los desafíos económicos que pudiera presentase.

La conversión del Ministerio Administrativo de la Presidencia en un «secretariado administrativo» dentro del Ministerio de la Presidencia, por ejemplo, es una señal clara de la voluntad de reducir estructuras innecesarias y concentrar funciones en instituciones más consolidadas. Este tipo de acciones refuerza la idea de que un Estado más pequeño y eficiente es también un Estado más fortalecido.

El plan de modernización no solo se trata de reducir gastos, sino de transformar la forma en que el Gobierno opera. Al fusionar ministerios como el de Hacienda y el de Economía, Planificación y Desarrollo, se pretende una mejor coordinación en la política económica del país. Este tipo de integraciones favorecen una mayor cohesión en la planificación y ejecución de políticas públicas, optimizando el trabajo interministerial.

Además, con la eliminación de instituciones como la Comisión Internacional Asesora de Ciencia y Tecnología y la Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad, se eliminan entes que, en muchos casos, ya no cumplen un rol relevante o que han sido reemplazados por nuevas formas de gestión más eficientes.

El proceso de reestructuración también toca áreas vitales como la agricultura, la vivienda y el bienestar social. La absorción del Instituto Agrario Dominicano (IAD) por el Ministerio de Agricultura y la combinación de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess) con el Programa Supérate son ejemplos de cómo el Gobierno está buscando mejorar la coordinación entre instituciones que tienen funciones complementarias. Esto nos solo hará más eficientes las políticas públicas en esos sectores, sino que también permitirá una mejor gestión de los recursos y un impacto más directo en los beneficiarios.

En definitiva, la racionalización del Estado que ha propuesto el Gobierno dominicano es una medida audaz, pero necesaria. Al eliminar la duplicidad de funciones, reducir la burocracia y priorizar el uso eficiente de los recursos, se está allanando el camino hacia una administración pública más moderna, eficaz y enfocada en resultados. El ahorro estimado de RD$25,000 millones no solo ayudará a sanear las finanzas públicas, sino que también permitirá redirigir esos recursos hacia áreas clave para el desarrollo.

Este proceso de modernización es un claro ejemplo de cómo los gobiernos pueden y deben adaptarse a las nuevas realidades, asegurando un manejo más eficiente de los recursos públicos sin comprometer los servicios esenciales que brindan a la ciudadanía.