Las preocupaciones expuestas recientemente en el ámbito local por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD), por la distancia que los funcionarios del Gobierno han puesto en su trato con los periodistas, ha adquirido una merecida dimensión internacional al ser depositada ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). La decisión se corresponde con la gravedad que reviste el hecho de que en una democracia el sector oficial anteponga elementos de un tipo de censura que limita las posibilidades de un intercambio directo entre funcionarios y reporteros, para desmenuzar temas de interés que deben ser compartidos entre gobernantes y gobernados.
Es que semejante distanciamiento erosiona la esencia de la libertad de expresión y difusión del pensamiento que se proclama como una de las prerrogativas inherentes al sistema democrático que viven los dominicanos. No es lo mismo que la fluidez informativa esté condicionada a lo que quieran difundir los funcionarios, a que sea el fruto de respuestas puntuales a temas planteados por los periodistas, como interlocutores idóneos entre Gobierno y pueblo. La democracia moderna rechaza todo elemento que pretenda mantener en secreto los temas que deben ser de dominio público. La fluidez de la comunicación bidireccional es una condición innegociable. Por eso ha sido acertado llevar la queja de la SDD al seno de la instancia regional que representa la SIP.

Menos privilegios

Las exoneraciones que disfrutan los congresistas están en la mira de varios sectores, que con justa razón abogan por una reducción de estos privilegios y ventajas. Aparte de condiciones salariales holgadas y asignaciones de fondos bajo esquemas tan cuestionables como el denominado barrilito, por solo citar un ejemplo de irritante privilegio, los legisladores disfrutan condiciones laborales excepcionales. En muchos casos, las exoneraciones para vehículos de motor son transferidas a terceros o sirven para traer al país vehículos de lujo.
Como servidor público que asciende por elección, los legisladores están llamados a servir a sus demarcaciones y al país, y no a servirse del Estado. Sería un acto de justicia revisar y recortar o suprimir todas las ventajas irritantes que se asignan a senadores y diputados con cargo al presupuesto nacional.