Hoy 
A partir del 28 de julio del 2004, el país entró al grupo de naciones que han consagrado como derecho inalienable de la persona la libertad de acceso a la información pública. En esa fecha fue promulgada la Ley 200-04 que garantiza esta prerrogativa.
A partir de entonces y una vez aprobado el reglamento de aplicación de dicha ley, a cada dominicano hábil para ejercer sus derechos civiles se le debe garantizar el acceso a cuanta información pública requiriere, siempre que canalice su solicitud por las vías y en los plazos que acuerda la ley, y con la excepción de aquella información cuya divulgación pudiera representar riesgos para la estabilidad y la seguridad del país.
Es en esta virtud que mediante sentencia, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo ordena al Ministerio de Industria y Comercio que entregue al Movimiento Bájame la Gasolina la información que ha requerido, relacionada con los métodos empleados para el cálculo de los precios de los combustibles.
La sentencia no hace más que apuntalar en los hechos algo que existe en derecho, en virtud de la Ley 200-04. El método de cálculo de los precios finales de los combustibles y las cargas fiscales que les acompañan es asunto de interés general por sus efectos en todos los sectores. Ahora una sentencia manda a dar en este aspecto un paso hacia la transparencia.
Expresión libre e imperecedera
La expresión y difusión del pensamiento, que debe ser libérrima por derecho natural, se ejerce de un tiempo a esta parte bajo un ambiente en el que se perciben actitudes que pretenden reducir su libertad.
Sobre esta situación ha alertado un grupo de comunicadores sociales que considera que está en marcha una ofensiva contra los medios de comunicación y comunicadores, de la que forman parte funcionarios del gobierno y dirigentes políticos, encaminada a reducir los espacios de libre expresión.
Es bueno advertir, a propósito de estas preocupaciones, que la última libertad contra la que debe atentar cualquier sector es la de expresión y difusión del pensamiento. Hacerlo es una acción suicida y todos sabemos las razones.
Abogamos porque se despejen los humos que tratan de coartar tan sagrado derecho.
