El arzobispo Francisco Ozoria Acosta ha ido de las palabras a los hechos en la misión pastoral que recién asume. Su visita al penal de La Victoria es una forma de poner el dedo en una llaga social que aquí solemos ocultar como basurita debajo de la alfombra. El hacinamiento, de por sí, es una flagrante violación de los derechos humanos, aparte de que excede en rigor el marco que fija la ley en cuanto a privación de la libertad como condena o coerción preventiva. El que entra a La Victoria por haber delinquido, difícilmente sale regenerado y listo para dedicarse al bien. Esa prisión es un centro de posgrado que le aporta al delincuente las mañas de los colegas que se encuentra en el recinto.
Sería una gran cosa que monseñor Ozoria, con toda la autoridad que le da su jerarquía eclesiástica, ahonde en los sufrimientos extra legales a que las prisiones someten a los internos, y cómo ese sistema fomenta y alimenta mafias internas en las que presos y autoridades penitenciarias actúan en contubernio. La Victoria, estimado pastor, es solo una muestra. Es cierto que tenemos cárceles modelo, en las que son muy diferentes las condiciones de privación de la libertad. Pero son la excepción, el recurso mediático del sistema para impresionar. El país necesita mucho de pastores que asuman su responsabilidad sin temor a mojarse los ruedos. Mucha de la inseguridad que tenemos germina en cárceles que, en vez de regenerar, envilecen.

Freno al crimen ambiental

La presentación en esta fecha del “Plan estratégico para la gestión efectiva de los recursos naturales del municipio de Constanza” deberá marcar el principio del fin del crimen ambiental que se comete en esa demarcación. El plan, bajo coordinación del Ministerio de Medio Ambiente y que incorpora a varias instituciones del Gobierno, plantea la prohibición de la ampliación de la frontera agrícola, de la apertura de nuevos pozos y otras disposiciones que procuran detener la destrucción de ecosistemas fundamentales para nuestras reservas de agua potable.
Aparte de detener el daño en marcha, es preciso que el plan procure revertir muchos de los pasivos ambientales dejados por la agricultura insostenible, el uso irracional de agroquímicos, la deforestación y otras prácticas nocivas para los ecosistemas.