Un pesado paquete fiscal implicaría serios riesgos

Un pesado paquete fiscal implicaría serios riesgos

Forzado a ejecutar una reforma fiscal para enfrentar la crisis financiera nacional, el próximo gobierno del doctor Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) debe evadir la tentación de ejecutar un paquete impositivo que no pueda ser asimilado por la población, ya que pondría a prueba muy temprano la gobernabilidad democrática.

En la medida en que se van conociendo las propuestas del PLD, crecen los reclamos de que sea una reforma integral, que no se base exclusivamente en aumentar las recaudaciones y que ofrezca alguna compensación inmediata que palie siquiera los nuevos efectos inflacionarios que se desprenderán.

Un riguroso plan de austeridad y de mejoramiento de la eficiencia administrativa que no deje ninguna duda, una reducción siquiera mínima de la nómina del Estado, un racional reajuste salarial y venta de activos serán necesarios para que el nuevo gobierno mantenga fuerte credibilidad que obligue al Congreso a aprobar mayores impuestos.

[b]Paquete fiscal inflacionario[/b]

La propuesta de reforma fiscal original del PLD ha sido considerada muy fuerte en términos de aumento de la carga fiscal sobre los consumidores, lo que se reflejaría en una nueva oleada inflacionaria llamada a reducir aún más el poder adquisitivo de la población de ingresos fijos.

El proyecto publicado en los últimos días por los medios de comunicación propone elevar en 4 puntos el itebis para llevarlo al 16 por ciento, incrementos de hasta un 50 por ciento en los impuestos selectivos al consumo, del 14 por ciento a las telecomunicaciones, del 16 por ciento al transporte aéreo y marítimo y a los intereses por depósitos bancarios y a los seguros, ampliación del gravamen a la vivienda suntuaria, para incluir todas las que superen los 3 millones de pesos, 5 por ciento adicional a las habitaciones de los hoteles y moteles, y un 4 por ciento adicional a la publicidad, todos los cuales generarán nuevas alzas de precios.

La reducción de los subsidios a la electricidad y el gas propano, focalizándolos en la población de menores ingresos, tendrá también un costo inflacionario que afectará aún más el reducido poder adquisitivo de los estamentos medios y bajos de la clase media.

El proyecto peledeísta contempla la eliminación definitiva de los impuestos transitorios a las importaciones y exportaciones, de poco efecto compensatorio para los ingresos fijos y mantiene el 1.5 por ciento como anticipo del impuesto sobre la renta, lo que no satisface las expectativas de los sectores empresariales.

Aún se ignora en qué medida puede haber sido moderado el proyecto peledeísta en su versión definitiva después de dos semanas de ponderación con el equipo económico del gobierno saliente. Pero por lo que trasciende ya diversos sectores han comenzado a expresar inquietudes y rechazos.

Tiene el agravante de que penaliza duramente a sectores que ya pagan fuertes tributos, como el de las telecomunicaciones, cuyos agentes ya salieron a la palestra pública con posiciones de rechazo muy firmes, lo mismo que el sector financiero que entiende contraproducente el gravamen del 16 por ciento a los intereses por depósitos bancarios.

En una comparecencia ante los medios de comunicación del Grupo Corripio, gerentes de las empresas de telecomunicaciones sostuvieron que la presión tributaria del sector es ya del 28.7 por ciento, muy superior a la presión tributaria nacional estimada en 16.1 por ciento. Con los nuevos impuestos se elevaría al 40 por ciento. Reclamaron una Averdadera reforma fiscal, integral y equitativa@.

La Asociación de Bancos también formuló sus advertencias sobre los desincentivos al ahorro que podría generar huida de capitales. En principio se creía que solo se gravarían los intereses derivados de los certificados financieros del Banco Central y con una tasa no mayor del 10 por ciento, que sería completada con un desmonte de los mismos.

[b]Por una reforma integral[/b]

Dada la profundidad de la crisis financiera debe descartarse que el propósito del próximo gobierno sea obtener excedentes fiscales. Empero por lo que se conoce hasta ahora se contempla cubrir los déficits, incluyendo la carga de los intereses de los certificados financieros del Banco Central, básicamente con impuestos, lo que ha sido rechazado desde el principio por el empresariado organizado y diversos economistas.

Esta semana se incrementaron los reclamos para que se haga una reforma fiscal integral que ponga acento en el mejoramiento de la capacidad recaudatoria, en la reducción del gasto corriente y fuerte austeridad, así como en la venta de activos estatales.

Hasta el director de la Fundación Global Democracia y Desarrollo que preside el presidente electo Leonel Fernández, el economista Frederic Emám-Zadé, formuló advertencias, tras considerar que los proyectos de reforma fiscal que se conocen By no exceptuó al del PLD- Ano son más que parches mal pegados, semejantes al paquetazo del 2001@.

ANi los consumidores, ni los productores, ni los trabajadores, ni los empresarios soportan más impuestos. Todos prefieren que el Gobierno sea quien recorte sus gastos@ expresó al Listín Diario Emám-Zadé, quien agregó que los mercados y organismos internacionales tampoco están dispuestos a seguir financiando los déficits del gobierno dominicano.

Pero quien llevó la voz cantante en las advertencias fue el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), el cual formuló un Allamado a la reflexión y a la prudencia@ al tiempo que exhortaba al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Presidente Electo, a propiciar Auna reforma fiscal integral que se constituya en un verdadero instrumento de desarrollo y que no permitan que la misma pueda ocasionar mayores problemas de los que ya tenemos@.

En un comunicado el CONEP planteó que de nada sirve aumentar la carga impositiva sin medidas encaminadas a la modernización de las instituciones del Estado, una austeridad en los gastos, mayor transparencia en la asignación y uso de los recursos y reducción y racionalización del gasto público. APara ello es necesario que la reforma fiscal no sea meramente recaudatoria sino que además incluya una reforma administrativa del Estado Dominicano que disminuya la evasión y aumente la capacidad de ingresos del Estado@, abundó la cúpula del empresariado.

Mientras el equipo económico del PLD daba por concluida la elaboración de su proyecto de reforma fiscal y comenzaba a discutirlo con delegados del Fondo Monetario Internacional, crecieron las evidencias, tanto en los sectores económicos como sindicales y políticos, de lo compleja y difícil de la situación, especialmente porque ese partido está lejos de controlar el Congreso, que tendrá la última palabra en lo que se convertirá en ley.

[b]La compensación salarial[/b]

Hasta ahora los voceros del próximo gobierno no han planteado la posibilidad de compensación salarial, siquiera parcial, y más bien han criticado a quienes la reclaman, entre quienes resaltan el presidente Hipólito Mejía y varios de los más influyentes voceros del Partido Revolucionario Dominicano en el Congreso Nacional.

Pero además del Consejo Nacional de Unidad Sindical, que propone un 60 por ciento de aumento salarial y a los médicos y enfermeras en huelga pidiendo un 100 por ciento, al reclamo se unieron con racionalidad Monseñor Agripino Núñez Collado, el Nuncio papal Timothy Broglio, el secretario Técnico de la Presidencia Carlos Despradel y economistas, articulistas y comentaristas.

Nadie ignora que el poder adquisitivo de los trabajadores se ha reducido a la mitad a partir del 2002, con una inflación que en los últimos doce meses acumula un 62 por ciento. Según los cálculos de la oficina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el salario mínimo de las grandes empresas se redujo del equivalente a 203 dólares en el 2001, a 103 dólares en mayo pasado.

En los sectores turismo y zona franca, cayó en la misma proporción, del equivalente de 148 dólares a 74. Pero la reducción en los demás salarios es mucho mayor, puesto que los mínimos fueron reajustados en 25 por ciento a enero pasado, lo que no ocurrió con el resto en la mayoría de las empresas.

Los impuestos contemplados degradarán el poder adquisitivo de los empleados en proporción que no será asimilada con la promesa de restablecer el equilibrio macroeconómico y futura revalorización del peso.

No se le puede pedir a las próximas autoridades que restablezcan el poder adquisitivo perdido en los últimos dos años, pero sí que compense siquiera parcialmente la nueva erosión que conlleva el paquete fiscal que se plantea. Ni soñar con la proporción que reclaman los médicos y enfermeras o las centrales sindicales, ni el 40 por ciento de incremento general de los salarios que conllevó la reforma fiscal que saldó la crisis de principio de la década pasada. Pero al menos un 20 ó 25 por ciento al salario general del sector privado y público, descontando para éste último el 9 por ciento que se le incrementó en enero de este año.

[b]Peligro para el nuevo gobierno[/b]

Un paquete fiscal como el que se propone, sin ninguna compensación inmediata, podría ser peligroso para la gobernabilidad democrática y el respaldo que requieren las próximas autoridades para el éxito de su misión.

Primero porque daría oportunidad a que sus opositores le cerraran el paso en el Congreso Nacional y, aún fuere aprobado, podría provocar una grave desilusión de entrada, en sectores que creyeron la promesa de Avuelta al progreso@ que vendió con éxito el PLD en la campaña electoral.

La simple aritmética económica no parece suficiente para la delicada como difícil situación nacional. Habrá que agregarle ponderación política y valor para reducir el gasto, suprimiendo siquiera un 10 por ciento de la nómina estatal, programando otra proporción similar para dentro de un año, con una austeridad drástica que prohiba la compra de nuevos vehículos que acompaña cada cambio de gobierno y buscando vender algunos activos estatales.

El paquete de reformas debe incluir también la implementación por decreto de nuevas normas para las compras y contratas del Estado a fin de reducir la corrupción, mientras el Congreso aprueba una nueva ley al respecto.

Las circunstancias exigen decisiones drásticas y audaces, pero no sólo en términos impositivos. Una rápida pérdida de las ilusiones generadas por el cambio de gobierno, con el descrédito en que termina el actual, podría resultar de extremo peligro para la gobernabilidad democrática nacional.

Publicaciones Relacionadas

Más leídas