Si bien la década de los 80 fue considerada como la década perdida en América Latina, no menos cierto es que la de los 90, a pesar del avance de varias de sus economías, se caracterizó también por el incremento de la pobreza y la desigualdad en la región. La República Dominicana fue uno de los países bandera en materia de crecimiento económico, pero al mismo tiempo se sitúa entre los líderes de la desigualdad y la iniquidad, como expresión de las grandes zanjas que separan a los más ricos de los más pobres.

La situación se ha tornado dramática durante la evolución del siglo XXI en la medida en que en este inicio de milenio, a la República Dominicana le ha correspondido ser gobernada por la administración que ha desperdiciado más oportunidades, desde el punto de vista de la institucionalidad pública, a pesar de contar con todos los resortes del poder para aplicar los cambios que hubiese considerado necesarios.

Al mismo tiempo, ha sido la administración del presidente Mejía en la que más se ha deteriorado la economía, al igual que los servicios sociales nunca habían llegado a un nivel tan precario. El caso más evidente es el de los hospitales públicos, los que no solamente padecen de un presupuesto deficitario, sino que las subvenciones se retrasan hasta 4 meses, por alegadas fallas burocráticas. Jamás se había visto afectar las subvenciones de los hospitales de esa forma; en cualquier lugar del mundo las subvenciones hospitalarias son partidas sagradas que no deben mezclarse con ninguna otra situación y mucho menos alegar trámites burocráticos cuando se trata del cuidado de la salud de las personas.

De acuerdo a todas las encuestas realizadas durante el último año el Doctor Leonel Fernández las encabeza con una tórrida ventaja, muy difícil de ser superada por cualquiera de las restantes diez candidaturas inscritas ante la JCE. A medida que se acercan las elecciones esa ventaja se consolida con la conformación de lo que ha sido denominada como La Alianza Amplia por la recuperación Nacional y el progreso.

El nuevo gobierno que surgirá de las próximas elecciones tendría la gran posibilidad de llamar al conjunto de fuerzas nacionales, así como procurar las más variadas alianzas estratégicas en el ámbito internacional, para promover en la República Dominicana lo que sería un plan estratégico nacional para el desarrollo. La planeación estratégica ha venido dando resultados extraordinarios en el ámbito de las empresas, pero también a nivel de gobiernos locales y ciudades. De tal suerte que se ha desarrollado todo un movimiento de ciudades basadas en el desarrollo de procesos estratégicos que las han colocado en posiciones de competitividad en los ámbitos nacionales e internacionales. Esa metodología se ha consolidado de manera tal que se han creado entidades internacionales en apoyo a la planeación estratégica local, como es el caso del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) con sede en Barcelona.

Aunque se trata de escenarios distintos toda la metodología de la planeación estratégica urbana puede ser aplicada a nivel de una nación. Se trata de proponer un proceso de grandes acuerdos nacionales sobre los ejes estratégicos de desarrollo, realizar las alianzas estratégicas sobre los mismos y procurar la mejoría constante de los mecanismos institucionales que le darían sostenibilidad.

Es evidente que un plan estratégico nacional tiene que partir por reconocer los más importantes desafíos que tiene la nación en ejes insoslayables como es el caso de : 1) La recuperación económica y el retorno a la senda del crecimiento, 2) Un fuerte apoyo a todos los procesos de reforma y modernización del Estado y sus relaciones con la sociedad como punto esencial para el desarrollo institucional, 3) una priorización de las políticas sociales que garanticen una creciente equidad en la sociedad dominicana y 4) la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo nacional.

Pero la magia de la planeación estratégica no reside únicamente en el diseño técnico de las propuestas de desarrollo, sino que su éxito depende fundamentalmente de la correcta articulación de los actores decisorios de los procesos, el entusiasmo que se logre generar en los mismos y las relaciones de confianza que se establezcan para procurar un éxito nacional, no solamente del gobierno, o de un sector en particular; sino que los éxitos puedan ser compartidos por los diferentes actores políticos y sociales, así como también los costos que implica asumir la responsabilidad de emprender una senda estratégica nacional con un horizonte de 15 a 20 años.

La experiencia indica que un proceso de esa naturaleza puede ser creíble solamente en la medida en que los diferentes actores emprendan medidas enérgicas e inmediatas que den la señal clara de que se actúa enfrentando la realidad presente , pero con una clara visión de futuro. Hacer creíble el futuro mediante proyectos de impacto inmediato que se orienten a los problemas prioritarios de los diferentes sectores sociales.

En definitiva considero que aporta al debate nacional discutir la pertinencia de un plan estratégico nacional, en la medida en que sería una vía para la discusión de los grandes problemas nacionales, ya no desde el punto de vista diagnóstico, sino y especialmente desde el campo de las propuestas que requiere la nación para su recuperación, el retorno del camino del crecimiento, la institucionalidad, la equidad social y la sustentabilidad ambiental.