MARIEN ARISTY CAPITÁN
m.capitan@hoy.com.do 
Después de más de dos años de reuniones, foros, discusiones y toda suerte de diagnósticos, lo mínimo que uno podía esperar al conocer el Plan Decenal de Educación 2008-2018 era comprobar que se había hecho justicia con el financiamiento que se le otorgaría al sistema educativo.

Para nuestra sorpresa, sin embargo, el Plan parece cualquier cosa menos un proyecto que busque elevar la calidad de la educación: irreverente y absurdo, se diseñó para que valide la violación a una ley que jamás se ha cumplido: la 66’97 de Educación.

Si bien la ley es obsoleta de cara a las necesidades de nuestra mediocre educación (por no decir mala), al menos contempla que se destine a la Secretaría de Educación un 4% del Producto Interno Bruto (PIB) o un 16% del gasto público, el que fuere más alto de los dos.

En lugar de ello, hasta el año pasado el gobierno destinó menos del 2% del PIB a Educación, alcanzando el puesto de ser el país que menos invierte en Educación en toda la región.

No será, según el Plan, hasta el 2013 cuando se cumpla la  ley.

Pero si esa cantidad es ya una suma irrisoria, tal como lo han puesto en evidencia diversos estudios, ¿de qué servirá en esa fecha?

Conscientes de que no será de mucho, diversas voces se han alzado desde la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Acción para la Educación Básica (EDUCA) el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y el seno del Foro Presidencial por la Excelencia Educativa para reclamar que la inversión llegue a un 5 por ciento  del PIB.

Educación no les escucha.

Por eso le toca a la sociedad hablar, oponiéndose al Plan, para que no hipotequen más nuestro futuro.