A menos que pretendamos declarar en quiebra nuestra institucionalidad como Estado, bajo ningún pretexto puede quedar sin investigación minuciosa la denuncia de que en las modificaciones hechas al Código Procesal Penal se habrían cometido violaciones de procedimientos y sustitución del texto de por lo menos un artículo, el 85, para suprimir la facultad de los ciudadanos para querellarse contra funcionarios públicos. Estamos hablando de algo que, de haber ocurrido, caería en la jurisdicción penal con todas sus consecuencias.

La diputada Minou Tavárez Mirabal ha reiterado su reclamo de que la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados investigue a legisladores que habrían abusado de la confianza de sus colegas para que votaran en favor de modificaciones del Código Procesal Penal distintas de las propuestas originalmente. Un acto de este tipo tendría serias implicaciones de carácter penal que no pueden quedar sin castigo.

Un cambio como el que se denuncia solo podría interesar a alguien que, en ejercicio o habiendo ejercido funciones públicas, tendría el temor de que ciudadanos pudieran querellarse en su contra. Es necesario que una investigación minuciosa determine la realidad de lo ocurrido con el texto del Código Procesal Penal, cuyas modificaciones han sido devueltas al Congreso con observaciones del Poder Ejecutivo.

Delincuencia sanguinaria

La delincuencia, que ha aumentado su activismo en estos días, ha apelado a la violencia extrema para despojar a ciudadanos de sus propiedades y dinero. Citando casos al azar se puede observar esta inclinación por el uso de armas letales. En el barrio 27 de Febrero fue muerto a tiros un minusválido, en Los Alcarrizos atacaron a tiros a un hombre para despojarlo de una motocicleta, en Pedernales violaron y mataron a una mujer de 62 años de edad. En fin, no hay lugar seguro para nadie.

Ante estos hechos, se necesita que las autoridades mejoren la prevención. Hay abundante presencia policial en las calles, pero parece que la astucia de los delincuentes está superando sus estrategias contra las violaciones a la ley. En 2013 registramos 1,978 homicidios, entre los cuales muchos se debieron a operaciones delictivas. Este año parece que repetiremos la tendencia. La autoridad tiene que ser más efectiva.