Cada vez más, el Presupuesto General del Estado se aleja de su función más idónea, que es servir como una herramienta para impulsar el desarrollo del país. Y nada mejor para explicar ese alejamiento, que el escaso margen de acción que le deja al Gobierno el desglose porcentual del presupuesto propuesto para 2017 y la afanosa búsqueda de fuentes de ingresos para compensar el bajo nivel de las recaudaciones, que el Gobierno ha compensado año tras año mediante el recurso del endeudamiento.
La estrechez actual, que obliga a incrementar la presión tributaria y a presionar a sectores productivos con cobro de impuestos por anticipado, es una consecuencia de la baja calidad del gasto mantenido por el Gobierno para mantener vicios estructurales como la sobrecarga de la nómina pública y el destino de recursos a cuestiones no prioritarias. El peso de los servicios de la deuda es otro factor que afecta la capacidad desarrollista del presupuesto.
Para 2017 tendremos un presupuesto al que no se le pueden hacer modificaciones significativas sin lesionar a algún sector. No hay fuentes de ingresos a las que se les pueda extraer más recursos, adicionales a los ya contemplados en el presupuesto, para mejorar, por ejemplo, la holgura del gasto de capital y hay muy poco margen para atender contingencias. El modelo administrativo ya exige cambios juiciosos.

Irreversible como debe ser

Quienes aspirábamos a que se exigiera reparación de los pasivos ambientales provocados en Valle Nuevo por la agricultura insostenible, tendremos que conformarnos conque, al menos, sea irreversible la orden de cesar toda práctica agrícola en esa reserva natural, dada por el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito. Los que allí fomentan cultivos y quienes les autorizaron a hacerlo, deberían pagar las consecuencias de sus actos con la rigidez que manda la ley.
Debemos aspirar a que la rigidez de la orden de respetar Valle Nuevo pueda soportar los eventuales padrinazgos e influencias de alguna de la gente que explota agricultura ilegal en esa reserva. Por lo pronto, el ministro Domínguez Brito debe sentirse seguro de que le asiste la razón al actuar contra ese crimen ecológico.