La violencia de género es una de las perturbaciones sociales más dolorosas de nuestro país, con tendencia a agravarse, según se deduce de estadísticas oficiales.

La magistrado Aracelis Peralta, directora de la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, ha dicho que en el año 2006 se produjeron 10,281 denuncias de maltrato a mujeres por parte de sus parejas, y en los primeros dos meses de este año ya suman 2,112 las denuncias de ese tipo, lo que deja la preocupante impresión de que el número de estos casos será mucho mayor este año.

Las causas de agresiones contra mujeres son múltiples y difíciles de eliminar. Está claramente demostrado que no se trata de un problema exclusivo de las clases de bajos ingresos.

Un aspecto preocupante es que muy pocas de estas denuncias concluyen en condenas judiciales contra los agresores. La magistrado Peralta explica que de 2004 a 2007 apenas se han logrado 23 sentencias condenatorias por agresión de género.

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La otra cara de la misma preocupación es que una proporción considerable de los casos de denuncias no llegan a los tribunales porque son descontinuados por las propias denunciantes, actitud que tanto puede deberse a armonización de intereses como a sumisión de la mujer a los caprichos de su pareja.

Ante esta situación, lo ideal sería que las autoridades cuenten con el personal y los medios necesarios para asumir el seguimiento de esos casos hasta establecer que son inofensivas las causas del desistimiento de la parte agraviada.

Las agresiones de género formalmente denunciadas ante las autoridades correspondientes deberían ser tratadas de modo tal que cada caso llegue a una decisión judicial, conciliatoria, condenatoria o como aconsejen las circunstancias.

Nuestras estadísticas sobre feminicidios aconsejan que los casos de agresiones o amenazas sean tratados con mayor rigor, destinando a ello todos los recursos humanos y económicos necesarios.

Hay que revertir, aunque sea en parte, las consecuencias que se derivan de las agresiones de género.