Durante muchos años los dominicanos  han investigado profundamente sus  problemas, han logrado consensos sobre las estrategias  para enfrentarlos y han convertido esos consensos estratégicos en normas públicas. Las leyes  relativas a la función pública, a la educación, a la salud, a la seguridad social, banca, migración y  competitividad, para citar algunas,  señalan unas elites siempre presta a la discusión y el acuerdo formal.

Sorprende sin embargo la falta de empatía entre las estrategias concertadas  y las decisiones y  acciones del día a día.  Como si la construcción de consensos  y la aprobación de constituciones y leyes no tuviera nada que ver con la vida ordinaria de la sociedad dominicana y su gobierno. Tómese el caso de la educación. Hoy,  la construcción o consolidación de  un buen sistema educativo es el eje cualquier estrategia de desarrollo y competitividad. Penosamente, en el caso de una sociedad pobre, construir un sistema educativo  que le permita formar bien a todos sus ciudadanos y competir en la economía mundial es reto mayor. Pues hay que sacarse la comida de la boca, apretarse los cinturones y hacer sacrificios heroicos  para reunir los recursos y el tiempo que una educación de calidad demanda,

Y ahí está el detalle. Desde la caída de la tiranía, la educación ha sido  el tema favorito de la sociedad dominicana. En cierta medida, la frase “solo la educación salva la República Dominicana” sintetiza una visión generalizada en el país. A pesar de ello, ningún gobierno ha estado dispuesto a sacrificar sus prioridades partidarias para dedicar los recursos y la atención que  la educación demanda. Durante los últimos 40 anos, en la nación que más crece en América Latina, el gasto publico promedio en educación apenas ha superado el  2% del PIB. En lugar de entender ese 2% como la expresión inaceptable de premodernidad,  el Palacio busca argumentos para justificarlo

Y es paradójico. En educación se han construido grandes consensos que han sido  convertidos en leyes, planes y programas. En los últimos cinco años, y por iniciativa de Palacio,  una parte significativa del tiempo de las autoridades educativas dominicanas se ha dedicado a preparar foro, planes, programas y estudios nacionales e internacionales. Aun así,  Palacio no está conforme y pide que se investigue y se programe  más. Pues  según argumenta, aquí no hay un problema de  presupuesto sino de filosofía. Lo cual sugiere que los pobres resultados de la educación dominicana se deben a  la incapacidad de las autoridades educativas para  conceptualizar y proveer, con un  presupuesto miserable y grandes limitaciones políticas,  una educación de calidad mundial.

Pero el asunto no se queda en las esferas oficiales. Muchas familias consideran más importante regalar  un carro al muchacho para que vaya a la universidad que pagar más a la universidad para que pueda ofrecer una mejor educación al muchacho. Miles de jóvenes  prefieren dedicar su tiempo a un trabajo que no le es imprescindible en lugar de dedicar ese tiempo a formarse mejor. Miles de personas que necesita trabajar para apoyara a su familia o financiar su educación, procuran  obtener una licenciatura de  cuatro años, estudiando a ratos. Muchos   funcionarios con posiciones importantes dentro del sistema entienden que volver a la escuela, donde están los estudiantes, es una degradación. Muchos maestros sienten  que están en el lugar que no quieren y presionan por una jubilación temprana. Y mientras la jubilación llega, buscan todos los argumentos posibles  para huir del salón de clase. Y la lista continúa.

La educación, eje central del desarrollo, ha devenido en una actividad marginal a la cual el Estado y los ciudadanos dedican lo que le sobra. Y la actitud con que se ha enfrentado la cuestión educativa es la misma con que esta sociedad y su gobierno han enfrentado  los grandes problemas de la nación. Y así no se puede.

Se traen estos elementos a colación a raíz de la convocatoria a discutir una nueva estrategia de desarrollo nacional. Siempre será importante discutir los grandes problemas, vislumbrar futuros posibles,  alcanzar consensos sobre  los cursos de acción y   escribir esos cursos de acción en constituciones, leyes, planes y programas. Más aun, ante  el rumbo que va tomando el país, sentarse a pensar el futuro es casi obligatorio. Sin embargo, con los antecedentes conocidos, para darle credibilidad, el lanzamiento de una nueva estrategia de desarrollo de cara al 2030  tiene que comenzar por cambios profundos  en el accionar del Gobierno. Pues si las cosas van tan bien que no  requieren esos cambios, quizás  la estrategia para el 2030 resulte innecesaria. Y si la estrategia implica cambios importantes en las políticas públicas, el Gobierno debería  tomar la iniciativa para probar su compromiso con la estrategia que propone.