El sueldo 13 del año es un beneficio legítimo de todo el que trabaja; un pago a tono con la Navidad y las necesidades de consumo. El anuncio oficial de la erogación  al 10 diciembre de la regalía pascual a los servidores públicos  ha llegado con otra información oportuna que tiene que ver con  la  creciente  preocupación de la ciudadanía por la precariedad  del servicio eléctrico. El Gobierno ha dicho que entregará cien millones de dólares al sector eléctrico, en corto plazo, y 150  más antes de fin de año. Es notable   que la generación  ha  declinando a lo crítico, aún  cuando  algunos  boletines informen  la reactivación de plantas. Llueven las denuncias de interrupciones más prolongadas  que antes en distintas regiones del país.

No sería necesario repetir aquí en detalle los efectos  que para la ciudadanía tienen  las fallas constantes del fluido que sumen en tinieblas  y entorpecen la marcha de hogares y  negocios modestos, que son mayoría. Ni repetir    que el uso prolongado de plantas propias en sectores medios y altos de familias  y empresas aumenta    dañinamente  sus gastos. El actual descenso en la calidad del abastecimiento de electricidad constituye además un serio tropiezo al  objetivo  de lograr que más y más consumidores paguen con regularidad la luz que reciben por vía de las distribuidoras,  que son las que tienen que dar el frente a una ciudadanía que se siente intensamente perjudicada en ese renglón.

Puertas  frágiles

El Gobierno debe  estar consciente ya de que los límites territoriales  de la  República Dominicana resultan demasiado vulnerables en dos  sentidos. Estamos  superpoblados de inmigrantes  que ingresan ilegalmente y sin límites racionales a una presencia que tan visible resulta en la proliferación del comercio callejero,  en construcciones y en diversos cultivos. Y en adición,  los mecanismos de control de aeropuertos  no  garantizan plenamente  impedir la salida de dominicanos y extranjeros  sub júdice. La debilidad de los controles   sale a  la luz  con frecuencia a pesar de que  en ocasiones  se expulsa de  organismos a empleados que  faltan al cumplimiento de sus deberes.

Independientemente del misterio “Sobeida”, el caso de Elizabeth Rafaelina Acosta , que pudo irse  para Nueva York estando acusada de una estafa  millonaria  y formalmente impedida de salir, viene a ser  otra demostración   de lo que se  comenta incluso  en círculos oficiales: que las restricciones judiciales a los viajes al exterior  no se aplican con efectivo rigor y que carece de ético rigor  una parte del personal  que tiene que aplicarlas.