La crisis generalizada en Haití, un Estado desorganizado y que ha quedado a merced de grupos fanáticos y bandas de delincuentes, está repercutiendo en la República Dominicana de una manera que amerita más de un tipo de respuesta y decisiones terminantes que nos resguarden de serios perjuicios.

Como parte de ese estado de cosas, nos ha tocado enfrentar casos de secuestros de dominicanos en la frontera, por parte no sólo de bandas delincuenciales, sino también de insurrectos armados que operan en territorio haitiano y que han pretendido obtener beneficio económico de sus acciones. Felizmente, los rehenes han sido rescatados sanos y salvos.

Hemos tenido que asimilar los perjuicios que los mismos grupos han provocado al entorpecer o impedir las operaciones de intercambio comercial entre haitianos y dominicanos, que acuden a puntos fronterizos del lado dominicano para comprar y vender mercancías diversas.

Más grave aún es el hecho de que narcotraficantes y contrabandistas que operan en Haití han atacado a tiros en varias oportunidades a militares dominicanos, en actos de provocación tales que han obligado a que la jefatura del Ejército Nacional diera a nuestros soldados luz verde para responder con sus armas estas agresiones. El Estado haitiano, desorganizado como está, es el punto intermedio por excelencia en el tráfico internacional de drogas, aparte de que justificadamente se teme que pudiera en algún momento ser aprovechado por terroristas.

-II-

Pero los problemas no se limitan a la frontera. En ciudades importantes del país, especialmente en la capital, se ha generalizado la presencia de mujeres pedigüeñas cargadas de niños que se apostan en intersecciones y semáforos para pedir dádivas a los automovilistas.

Se sabe que una mafia organizada se encarga de «colocar» estas mujeres en esos puntos desde temprano en la mañana y que los recoge en horas de la noche, lo que permite deducir que alguien está comercializando la miseria de esta gente.

Mucha gente desvalida, sin condiciones para el trabajo, está llegando desde Haití a la República Dominicana, sin contar la mano de obra que habitualmente viene a ganar el sustento familiar en labores agrícolas y en la construcción.

No hay manera de negociar con el régimen de facto de Haití soluciones idóneas, satisfactorias para ambas partes. El Gobierno haitiano no es actualmente un interlocutor válido para estos menesteres, por carecer de control sobre los grupos internos y el orden institucional, que está sustentado en una intervención militar.

En estas circunstancias, el Gobierno Dominicano debe elaborar un plan estratégico que contemple soluciones factibles para todos los problemas derivados del desorden institucional que predomina en Haití. Un paso necesario sería la elaboración de un informe bien documentado y detallado para ser puesto en manos de organismos como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros.

Al margen de estas gestiones diplomáticas, se debe hacer valer nuestra soberanía para repatriar a todos los inmigrantes ilegales, no solamente haitianos. Hay un problema muy serio, que amerita atención inmediata, terminante.