Un proceso con  falta de equidad
Es urgente frenar abusos del Estado

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POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
juanbolivardiaz@gmail.com
El retiro de los dos grandes partidos opositores de la reunión que convocó esta semana la Junta Central Electoral (JCE) buscando moderar el discurso de la campaña electoral es un claro indicador de que la temperatura está alcanzando peligrosos niveles de confrontación y que urgen correctivos de fondo.

 Algo habrá que hacer para convencer al presidente Leonel Fernández de que hay un desbordamiento en el uso de recursos estatales en su campaña reeleccionista, que fue la razón aducida para su retiro de la junta conciliatoria por los presidentes de los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Dominicano (PRD).

 Casi todos los partidos y candidatos opositores coincidieron en la última semana en denunciar abusos del poder del Estado en la campaña poniendo énfasis en el esfuerzo por socavar sus estructuras del cual responsabilizan al propio presidente de la nación y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

Penoso fracaso. Aunque los presidentes del PRSC y el PRD acudieron el martes a la convocatoria de la JCE, tan pronto escucharon el discurso de su presidente, el doctor Julio César Castaños Guzmán, procedieron a hacer uso sucesivo de la palabra para anunciar su retiro de la reunión.

 El funcionario electoral formuló una amplia exposición sobre la conveniencia de elevar el tono del discurso de campaña, exhortando a evitar los insultos y a centrarlo en la exposición programática.

 El ingeniero Federico Antún se expresó en términos enérgicos diciendo que “el presidente de la República y candidato del PLD debía estar aquí porque la principal perturbación de la campaña política la constituye la intervención del gobierno” y que mientras él no se siente frente a frente con los opositores no estarán dispuestos a discutir con quienes no tienen facultad para perturbar. De inmediato se retiró junto al secretario general Víctor Gómez Casanova.

 A seguidas el presidente perredeista, ingeniero Ramón Alburquerque, reconoció los esfuerzos de la JCE “tratando de  organizar un proceso cuesta arriba, con un gobierno hegemónico, autoritario, despótico, que hace uso excesivo de los recursos del Estado sin ningún miramiento”. Se marchó seguido, junto al secretario general Orlando Jorge Mera.  

 Sin embargo, a los opositores no se les ha ocurrido elaborar un expediente con los abusos de los recursos públicos para presentar una instancia, individual o conjunta, ante la JCE, que no tendrá fuerza para imponer límites al presidente de la República, pero al menos podría recordar las leyes, incluyendo la electoral que prohíbe el uso de recursos del Estado en campaña proselitista.

 El que presentó el lunes una instancia ante la JCE fue el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Trajano Santana, pidiéndole que intervenga “para evitar la compra de sus dirigentes”.

 La recién promulgada Ley de Función Pública 41-08, en su artículo 79, acápite 13, prohíbe a los funcionarios públicos “servir intereses de partidos en la ejecución de sus funciones, y en consecuencia organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”.

 Pese a ello, 13 de los 16 ministros orgánicos y la mayoría de los altos funcionarios estatales están integrados al comando de campaña del PLD, incluyendo al mismo novísimo secretario de Función Pública, Ramón Ventura Camejo, responsable de la campaña peledeista en Santiago, aunque  trabaja en la capital..       

Ajetreo sin precedente. Durante la semana que concluyó el domingo 11 el Plan Social de la Presidencia peinó los barrios de las principales provincias orientales antes de que el presidente Fernández los recorriera y a su paso por Hato Mayor, La Romana, El Seybo, Ingenio Consuelo y San Pedro de Macorís visitara las casas de dirigentes y ex dirigentes perredeistas y reformistas para tomarles juramento como adeptos al continuismo.  

 Desde agosto del año pasado el presidente Fernández ha designado a decenas de dirigentes de partidos opositores en cargos públicos, desde rangos de secretarios de Estado, a directores y administradores, vicecónsules y otros que a su vez han arrastrado a centenares de militantes asimilados a la nómina pública.

 Aunque el transfuguismo ha afectado a la mayoría de los partidos opositores se ha cebado principalmente en el PRSC, que desde la muerte de su fundador y líder Joaquín Balaguer ha sufrido unos siete fraccionamientos.

 Gracias a esa política de socavamiento de los partidos opositores el PLD se ha agenciado el apoyo de una docena de los reconocidos y todavía intentos divisionistas afectan a los partidos Revolucionario Institucional, Nacional de Veteranos y Civiles y Alianza Social Demócrata por parte de dirigentes que quieren sumarse al “carro del progreso”. El primero proclamó a Trajano Santana candidato presidencial. Mientras los otros dos decidieron apoyar las candidaturas de Eduardo Estrella y Vargas Maldonado.

 Dirigentes reformistas de la categoría de su presidente Federico Antún juran que ni en las campañas reeleccionistas de su líder Balaguer se llegó a tan intensos niveles de división de los partidos opositores. El recorrido de Fernández Reyna por el Este la semana pasada recordó las campañas de Balaguer por las dádivas y las reuniones donde se confundían los papeles del presidente de la nación y del candidato.

Desbordamiento del gasto

Para los observadores es evidente que ya hay un desbordamiento del gasto gubernamental en la campaña, faltando aún tres meses para los comicios, alentando los temores de que de nuevo el reeleccionismo conlleve desequilibrio económico.

 A los tradicionales subsidios del gas propano y la electricidad, en las últimas semanas se han sumado otros al gasoil, a la harina de trigo, a la leche y el último a los pollos. Además el gobierno está subsidiando a los despedidos en las zonas francas.

 El programa Solidaridad que venía otorgando 550 y 700 pesos mensuales a 300 mil familias está siendo extendido este mes a otras 100 mil personas “por expresa disposición del señor presidente de la República”. La semana pasada se reveló la existencia de un nuevo programa social “Vamo´arriba” que proporcionará 3 mil pesos mensuales a 100 mil desempleados durante los próximos tres meses. Este solo implicará un desembolso de 900 millones de pesos.

 Además de todo eso, en diciembre el doctor Fernández Reyna recorrió el país repartiendo cajas navideñas por otros 900 millones de pesos. Luego distribuyó regalos de reyes por una suma que no fue precisada. Están además los repartos de alimentos y medicinas del Plan Social de la Presidencia.

 A nadie quedan dudas de que la mayor parte de esos recursos estatales, con montos muy superiores a los mil 60 millones de pesos que se dará de subsidio oficial a los partidos, son distribuidos con objetivo político.

Se trata de  un ventajismo que afecta profundamente el proceso democrático.-

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Transfuguismo estimulado

Antes de la reunión en la JCE en corrillos de la oposición se había corrido la voz de que era limitado el objetivo de la misma, y se hablaba de elevar una protesta por el abuso de los recursos del Estado en la campaña.

 Pero además los recientes desbordamientos del secretario de Interior y Policía Franklin Almeida, con sus calificativos a los perredeistas de perros realengos, vira latas y hueveros, y el último fraccionamiento del Partido Reformista en aras de la reelección, protagonizado por un centenar de miembros de la región nordeste, habían generado indignación.

      En días previos al encuentro del día 12, los candidatos presidenciales  Miguel Vargas Maldonado, Amable Aristy Castro, Eduardo Estrella, Pedro de Jesús Candelier y Trajano Santana habían reiterado denuncias de uso abusivo de recursos del Estado en la campaña Electoral. El perredeista incluso llevó la denuncia hasta la Organización de Estados Americanos en Washington, llamando la atención sobre la Carta Democrática Interamericana que sanciona las violaciones a la institucionalidad democrática.

 Aristy y dirigentes de su partido habían denunciado ofertas de compras a dirigentes, síndicos y militantes de la región nordeste antes de que el 5 del mes en curso se anunciara la constitución del grupo Reformistas Sumados al Progreso, encabezado por el senador Félix Vásquez, cinco síndicos y tres ex-diputados de ese partido. Luego en declaraciones publicadas por El Caribe el miércoles 13, el candidato reformista acusó al presidente Fernández de “socavar la estructura interna de los partidos valiéndose de compras vulgares de conciencia de sus principales dirigentes”.