RAMON NUÑEZ RAMIREZ
Nadie, absolutamente nadie, mucho menos por motivaciones políticas o intereses empresariales particulares, tiene derecho a torpedear la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario, el cual debería ser un hecho en pocas semanas, o la inclusión de la República Dominicana en el proyecto de Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos a ser sometido al congreso norteamericano el próximo año.

Los organismos internacionales están sorprendidos con la respuesta de la economía dominicana al choque de confianza y a las restrictivas políticas fiscales y monetarias de esta nueva administración que han permitido una reducción de 33% en la tasa de cambio del dólar, reducciones en los precios de todos los bienes, descenso de la inflación, hasta tal punto que en noviembre el crecimiento del IPC fue de -1.65%, la mayor caída mensual en el nivel de los precios en los últimos 25 años.

Ahora bien, el ancla definitiva de la estabilidad macroeconómica depende fundamentalmente de que el gobierno arribe en los próximos días a un acuerdo Stand-By con el FMI, el cual permita desbloquear ventanillas externas de financiamiento y facilite una renegociación de la deuda externa para garantizar la sostenibilidad del servicio por parte del país en los próximos años.

Para arribar a negociaciones exitosas con el FMI el gobierno debió recorrer un vía crucis con la reforma fiscal, incluso cediendo aspectos fundamentales a la cúpula empresarial que significaron pérdidas fiscales importantes, pero finalmente las cámaras legislativas dieron salida a la Ley 288-04, pero lamentablemente introdujeron dentro de las modificaciones al Impuesto Selectivo al Consumo el gravamen del 25% sobre los precios de las gaseosas de fabricación nacional que utilicen edulcolorantes con alto contenido de fructuosa en sus procesos de fabricación, como una forma de compensar a la industria azucarera nacional por la apertura del mercado al sirop de maíz.

Dicho artículo ha significado para el país la exclusión automática del proyecto, y, en caso del Congreso Norteamericano aprobar el CAFTA, significaría la pérdida de millares de puestos de trabajo por el traslado de las zonas francas a Centroamérica y en adición perderíamos toda posibilidad de atraer inversión extranjera hacia otros sectores productivos por el atractivo de varios países centroamericanos, con similar distancia geográfica a los EU, pero disfrutando de las ventajas de un acceso libre a ese mercado.

Para superar el impasse y poder ser incluido en el acuerdo, el Poder Ejecutivo sometió un proyecto de derogación del selectivo al consumo a las gaseosas fabricadas con sirop de maíz, posteriormente la dirigencia de los tres partidos principales acordaron, entre otros puntos, instruir sus legisladores para que actuaran en consecuencia, sin embargo, un grupo de Senadores tratando de corregir el yerro del sirop de maíz, aprobaron en primera lectura un proyecto de la autoría del Senador Alburquerque que deroga dicho artículo, pero de paso establece exenciones impositivas al sector agropecuario, especialmente al azucarero, también al industrial, lo cual de acuerdo a los técnicos recaudadores equivale a una perdida estimada de RD$4,500 millones.

Nadie discute la necesidad de devolver competitividad a los sectores productivos para que no exporten impuestos, lo discutible es que los Senadores de la República lo hayan hecho en una situación que coloca en peligro la sostenibilidad del proyecto de presupuesto de presupuesto para el próximo año e incluso afectar la posibilidad de que el Directorio del FMI apruebe la carta de intención hasta tanto se reformule el proyecto de presupuesto, para disminuir el gasto, o explorar nuevas figuras impositivas para compensar la reducción de las recaudaciones cuyo monto es posible superen las cifras oficiales, ya que, solo por concepto de la comisión cambiaria a las importaciones de bienes de capital de estos sectores, estamos hablando de perdidas fiscales estimadas en RD$6,400 millones.

Nadie, absolutamente nadie, mucho menos por motivaciones políticas o intereses empresariales particulares, tiene derecho a torpedear la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario, el cual debería ser un hecho en pocas semanas, o la inclusión de la República Dominicana en el proyecto del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y los Estados Unidos a ser sometido al congreso norteamericano el próximo año.

Lo sensato en estos momentos, si los legisladores de la oposición están realmente comprometidos con el futuro de la nación, es derogar pura y simplemente el gravamen del 25% al sirop de maíz y dejar para mediados del año próximo, como contempla el borrador de la carta de intención al FMI, la discusión y la implementación de una reforma fiscal global que integre la reducción de los aranceles con una desgravación a los sectores productivos para apoyar la competitividad y que mediante otras figuras impositivas se compensen las perdidas fiscales.

El Poder Ejecutivo y el Congreso pueden y deben trabajar en esa dirección.
ranr14@hotmail.com