El proyecto de ley que establece un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización, es sin lugar a dudas un instrumento jurídico que además de ajustarse a los preceptos constitucionales vinculados al tema nacionalidad, está bañado de un alto sentido humano.

De aprobarse el referido proyecto de ley en los términos presentados, la Junta Central Electoral estaría en la obligación de regularizar y/o transcribir en los Libros del Registro Civil las actas de los hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el periodo comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano.

El proyecto de ley ordena que a las personas que en el pasado se les haya expedido cédulas de identidad y electoral, pero que por acciones de la Junta Central Electoral hoy no cuentan con el referido documento, se les entregue nuevamente con su numeración anterior, y a quienes nunca la tuvieron, entregársela inmediatamente.

La realidad es que los dominicanos víctimas de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, a pesar de contar con documentos emitidos por las instituciones correspondientes, han visto sus vidas suspendidas en el tiempo, producto de la imposibilidad de realizar actividades ciudadanas por la irracional negativa de la Junta Central Electoral de entregar los documentos del registro civil que gracias a este proyecto de ley le serán devueltos, ahora de forma gratuita.

Con este proyecto de ley se cierra una etapa del proceso abierto por la sentencia 168-13 y que deberá traer como consecuencia el cese de los cuestionamientos por parte de organizaciones internacionales y hasta nacionales con relación al respeto a los derechos humanos en República Dominicana, pues cada línea de la mencionada propuesta legislativa refleja claramente el apego nacional al cuidado de la dignidad humana.