Está en vías de ser reactivada la revisión de condiciones técnicas y comprobación de documentos que amparen cada vehículo que ruede por el país tras ser echada al zafacón por autoridades que vergonzosamente, años atrás, se sintieron incapaces de rescatarla de la inoperancia que la había convertido en sello de falsificación masiva. La ley fue amputada irresponsablemente del instrumento que debía impedir el uso de medios de transporte que por su mal estado y carencia de estatus de responsabilidad civil constituyeran un peligro para la ciudadanía. Un vacío que urge llenar en este «paraíso» para la violación caótica de normas viales. La reposición del requisito procede pero no debe conllevar una exigencia elevada de pago para conductores y propietarios como si se tratara de un impuesto encubierto o una jugosa fuente de ingresos para manos privadas contentísimas de haber sido escogidas para prestar el servicio. Tal como se anuncia, se trata de una fórmula de buena intención social que trae con ella los dispositivos que la harían fracasar y darle de nuevo carácter masivo a los esfuerzos por eludirla.

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Si los accidentes de tránsito alcanzan en el país categoría de epidemia de resonancia mundial como causa de muerte, lo que más procede es imponer el respeto a la ley sin espantar con daños económicos previos a quienes deben sumarse a las regulaciones. Normativas que, aplicadas a cabalidad, impondrían sanciones para inducir crecientemente a respetarlas. El Estado debe cubrir el costo de esta inversión social.