JOTTIN CURY HIJO
La sustracción de automóviles se ha incrementado escandalosamente en el transcurso de los últimos años. Resulta inconcebible la solicitud formulada por el actual Jefe de la Policía Nacional, en el sentido de que sus subalternos se abstengan de utilizar los vehículos recuperados.

Se impone, previa comprobación, la entrega inmediata a sus legítimos propietarios. Esta situación evidencia claramente el elevado nivel de deterioro de nuestros cuerpos policiales.

Los encargados de velar por el orden público normalmente no capturan ni identifican a los autores materiales o intelectuales de esta clase de delitos. En ese sentido, genera gran suspicacia la complicidad que pudiera existir entre los ladrones y las autoridades. Los que finalmente son apresados obtienen su libertad con asombrosa rapidez debido a que nuestra legislación trata como correccionales esta clase de delitos, siendo la fianza obligatoria. Claro, la delincuencia ha alcanzado grados de sofisticación tan elevados, que los propios facinerosos se toman la molestia de indagar acerca de qué nuestra legislación considera como robo agravado.

Son harto conocidos los beneficios multimillonarios que se derivan de esta actividad ilícita, en razón de que la mayoría de los autos de lujo son llevados a través de la frontera al vecino país, y desde ahí transportados a islas vecinas para su comercialización. Las bandas que se dedican a este sucio negocio disponen de sumas cuantiosas que emplean en pagos de sobornos a políticos y militares que participan en esta cadena delictiva que tanto afecta a nuestra sociedad. En un país como el nuestro, donde el sistema de transporte público es tan precario, la posesión o tenencia de un vehículo familiar constituye una verdadera necesidad.

Son arduos los esfuerzos que realiza la clase media para adquirir un modesto automóvil para luego contemplar con impotencia la impunidad que aprovecha a los responsables de esta clase de infracciones. Desde hace tiempo la sociedad dominicana viene reclamando mano dura a la Policía Nacional y al Poder Judicial en la guerra contra la delincuencia. En ocasiones, hasta muy contados voceros policiales, han manifestado públicamente su inconformidad con la justicia, alegando que ésta tiene gran cuota de culpabilidad por facilitar la excarcelación de los malhechores.

Hace algunos meses, los medios de comunicación dieron a conocer el caso de un ladrón de vehículos que fue liberado en catorce oportunidades. Desafortunadamente nuestra legislación adolece de debilidades que son aprovechadas por los delincuentes para evadir las sanciones correspondientes. Y lo peor de todo es que miembros de la Policía Nacional terminan como cómplices de los robos al no devolver inmediatamente los autos recuperados, razón por la cual su castigo debería ser más drástico, esto es, no solamente despojarles de lo que no les pertenece, sino también apartarlos de la institución a la que corresponden y su traducción a la justicia ordinaria.

Por tanto, resulta oportuna la propuesta del diputado de la provincia de Puerto Plata, en el sentido de sancionar con penas más severas el robo, tráfico, venta y comercialización de vehículos robados o sus piezas. La fianza prevista en el proyecto contempla un monto mínimo de 10 millones de pesos.  Se trata de una iniciativa que bien pudiera perfeccionarse en las cámaras legislativas para beneficio de nuestra colectividad, que observa con impotencia las iniquidades que prevalecen en su perjuicio.