La discusión para un pacto fiscal tiene que incluir todas las opciones que le son inherentes: crear, reducir o eliminar impuestos; crear o reducir gastos o inversiones. La meta harto difícil sería conciliar intereses diametralmente opuestos. El impuesto es por difinición algo que va contra la voluntad de quienes deben pagarlo, aun cuando en teoría sea para devolverlo en obras y servicios al contribuyente. Se procura pactar en un momento en que el Estado ha sobrepasado considerablemente su capacidad de gastar e invertir. Vive en un déficit progresivo cuyos efectos serían desastrosos para el país en el mediano plazo. Ese hecho, por sí mismo, alienta en los contribuyentes, en su condición de contraparte, a reclamar la vigencia de mecanismos de transparencia y para velar por la efectividad en el uso de lo recaudado. Garantías de buena administración.
El tema de lo impositivo en República Dominicana remite de inmediato a la inequidad como una de las más ingratas características del sistema impositivo. Es tiempo de plantearse reducir en importante medida la severidad de los impuestos al consumo que gravitan sobre los sectores de la sociedad que menos tienen; mientras los de ingresos altos y gruesos patrimonios escapan a la acción recaudadora por diversas formas. De ese sector provendría, en el seno mismo del diálogo, la renuencia a crear equidad; como la habría también, de otro lado, a imponer restricciones al Estado.

Las encarecidas especialidades

Los servicios de especialistas de la medicina siguen siendo de difícil alcance para el asegurado de mediano o bajos ingresos; y qué decir de los ciudadanos que ni siquiera disponen de seguro. Se alega que el sistema remunera insuficientemente a los médicos especializados que entonces ponen a los pacientes a pagar las consecuencias a través de honorarios agregados.
La forma en que los galenos de especialidades aumentan sus cobros supera con creces el ritmo inflacionario local. Generan un encarecimiento que hace pensar en Venezuela. Su aspiración a cobrar cada vez más se ha vuelto un flagelo para los pacientes y sus familiares a los que aplican tarifas que resultan incosteables para la mayoría de los ciudadanos. A más de que varios agrupamientos de especialistas se niegan de plano a dar cobertura.