La realidad en el país de un preocupante número de adultos mayores, configurada por denuncias a las autoridades correspondientes, es de dolorosas condiciones de maltratos físicos y emocionales por personas de sus cercanías y hasta del entorno familiar.
Está sabida, y casi ubicados geográficamente, la existencia de esos seres humanos generalmente incapacitados para valerse por sí mismos productivamente y para tomar decisiones sobre sus vidas ahora atrapadas en el menosprecio, la ingratitud y los abusos. Incluso el Estado dominicano, escaso de herramientas y recursos, no alcanza en nuestro medio el nivel de protagonismo protector para la ancianidad desvalida que le correspondería por un sentido de humanidad y de responsabilidad social e institucional, siendo posible, como en otros países mejor preparados para a asistir a ciudadanos vencidos por los años, establecer programas habitacionales y de hogares sustitutos con suficiente cobertura de necesidades y el acompañamiento de personal competente en sus alojamientos, donde quiera que estén.
Respuesta efectiva y generalizada al ostracismo en que el destino coloca con frecuencia a personas llevadas en su transcurrir al estatus de retiradas por razones de edad sumándose a un segmento poblacional que merece sobreprotección. Nada humano puede ser ajeno a quienes ejercer poder, crean y dirigen programas de asistencia social, algunos de los cuales deben tener vigencia hasta el final de los días para el prójimo en situación de desamparo.