Hoy 
POR LOYDA PEÑA
Una misión del Banco Mundial recomendó al gobierno darle autonomía al Registro Civil como forma de mejorar los problemas de los indocumentados que actualmente afecta entre 20% y 30% del total de la población.
Para este proyecto el gobierno estaría gestionando un préstamo de US$50 millones.
Sugirió la misión, además, simplificar los trámites para la adquisición de actas de nacimiento y buscar un mecanismo que permita que padres sin documentos puedan registrarse y registrar a sus hijos.
Estas y otras propuestas están en un informe sobre una reunión que sostuvo la misión del Banco Mundial, encabezada por Caroline Anstey, con el Gabinete Social del gobierno, para motivar préstamo que se identificó como de «Inversión en la Protección Social (PIPS)» en la República Dominicana.
La preparación del proyecto deberá ser presentada a principios del 2006 para que sea aprobada por el Congreso Nacional antes de los comicios congresionales y municipales de mayo próximo, plantea el documento, copia del cual obtuvo HOY. La misión del Banco Mundial planteó que la dependencia del Registro Civil de la Junta Central Electoral (JCE), «judicializa en exceso sus funciones», alterando el carácter técnico del organismo electoral.
Agrega el documento que la decisión de pasar el Registro Civil a la JCE fue para darle más credibilidad porque hasta hace unos años fue dependencia del poder Ejecutivo.
«Sin embargo, tal decisión no resolvió el problema, sino más bien le añadió problemas técnicos en su estructura y en su funcionamiento,» afirma el documento del Banco Mundial.
Plantea el documento que en la organización del Registro Civil existen «vacíos y confusiones» en la ley que han permitido que dentro de la JCE haya dos direcciones con responsabilidades sobre el Registro Civil.
«En términos de las 158 Oficialías del Registro Civil, ellas carecen de estructura funcional, administrativa y salarial, pues funcionan casi como entidades externas al servicio público. Los oficiales toman sus salarios de los ingresos de sus oficialías, ellos mismos determinan las tarifas que quieren cobrar, el número de sus trabajadores y el salario de éstos», subraya el informe.
Agrega que, además, el proceso de selección de los Oficiales del Registro Civil por los miembros de la JCE «es poco claro» y en ocasiones cuestionado por la comunidad «y, aunque las leyes establecen la gratuidad de las actas de nacimientos y que los oficiales del Estado Civil deben recibir un salario establecido por la JCE, estas leyes no se cumplen».
En la reunión, de acuerdo con el informe, se acordó que el propósito fundamental del préstamo sería fortalecer el sistema de protección social y el aumento del acceso de los hogares en pobreza y en pobreza extrema, «especialmente a los dominicanos sin documentos y los jóvenes de alto riesgo» y a programas de desarrollo de capital humano.
De acuerdo con la misión del Banco Mundial, la falta de documento legal de identidad como el acta de nacimiento para menores de 16 años y la cédula para los mayores, representa una forma de exclusión social, debido a que esas personas son jurídicamente «inexistentes».
Es por todo ello que recomendó a las autoridades realizar reformas institucionales, legales, técnicas y tecnológicas, que permitan tener un Registro Civil autónomo y «desjudicializado», con credibilidad y estructura de funcionamiento eficiente y efectiva, y normadas administrativamente con mayor claridad.
Asimismo, anular la duplicidad de direcciones que hay en la JCE, procurar intercambio técnico con Registros Civiles y de Identidad de otros países de América Latina; informatización de actas de nacimiento, Código Único de Identidad, crear de una red para imprimir certificados en línea, oficialías móviles promoviendo registros de niños y adultos, e informatización de las maternidades para registrar los certificados de nacimiento.
La misión del Banco Mundial la integraban además de Anstey, Samuel Carlson, Francisco Ayala, Rosie Hidalgo, Blanche Arévalo Catherine Abreu Rojas, Patricia Hoyes, Joé Beltré y Vladimir Encarnación Jáquez, entre otros.
Por el gobierno participaron el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, el secretario Técnico de la residencia, Temítocles Montás; el director de la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), Guarionex Félix, y Susana Gámez, coordinadora del Gabinete Social, entre otros.
