Hoy 
Oportuno que el Defensor del Pueblo diera un paso al frente tras la larga inacción de las autoridades convencionalmente a cargo del imperio de la ley en materia de orden público y persecución de crímenes con el correspondiente envío a tribunales de autores de actos contra la vida que pudieran cometer hasta sus propios subalternos. La estricta sujeción a normas de respeto a la condición humana, incluyendo las de supuestos infractores, ha estado por muchos años entre signos de interrogación. Es incorrecto, desde la objetividad periodística, referirse en este país a «intercambios de disparos» sin el entrecomillado que atribuya exclusivamente la definición a fuentes oficiales unilaterales. Se ha tratado de «verdades» no contrastadas que han ido quedando huérfanas de confirmaciones o negaciones para vigencia del Estado de derecho.
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El Defensor del Pueblo está tratando de tomar por los cuernos al toro de esas indefiniciones negadoras de justicia que han tenido que ver con pérdidas de vida; 54 en lo que va del año. Por ello reclama con legitimidad y facultad legal que la Policía rinda un informe pormenorizado con enumeración de indicios de tales hechos de sangre que ocurren sin pertinentes envíos a la justicia de los miembros actuantes a fin de descartar o confirmar usos desproporcionados de la fuerza en conformidad con la Constitución y las leyes. La solicitud es precisa: la nación debe saber a qué atenerse con las versiones policiales, compromiso ineludible en las sociedades democráticas.
