POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
El gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) retarían la capacidad política del congreso opositor si le dan un tiempo razonable para que conozca el proyecto de «reformas tributarias» presentado esta semana, como planteó el secretario de la Presidencia Danilo Medina.

De cualquier forma es iluso pretender que las dos cámaras legislativas se van a precipitar a aprobar la conflictiva reforma, siendo muy probable que eso no ocurra hasta fin del año, conjuntamente con el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos públicos para el 2006 que deberá enviar el gobierno en las próximas 6 ó 7 semanas.

Sólo el acercamiento del próximo año pondrá presión sobre el Congreso que tratará de ampliar «el consenso» satisfaciendo demandas sectoriales y con una buena negociación conferirle al proyecto el carácter de «reforma fiscal» que amplios sectores pretendieron durante la primera fase de las negociaciones.

El TLC abre el telón
Tal como se advirtió en HOY del 31 de julio pasado (El TLC y Reforma fiscal pueden ir en dos etapas), el tratado de libre comercio con Estados Unidos fue aprobado y promulgado dejando pendiente la reforma fiscal que impone. El Congreso forzó al gobierno a aterrizar en un proyecto específico adelantando la aprobación del convenio.

Después de más de dos meses de negociaciones en el marco del Diálogo Nacional que coordina monseñor Agripino Núñez Collado, el gobierno finalmente sometió al Congreso un proyecto de «reformas tributarias», dejando insatisfechos a los sectores que reclamaban que abarcara todo el ámbito fiscal y más allá para incluir nuevos mecanismos de transparencia y
control del gasto.

Ahora la bola está en la cancha congresional donde domina la oposición política,  encabezada por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y en segundo lugar el Reformista Social Cristiano (PRSC) cuyos voceros han adelantado que de ninguna manera festinarán la reforma, formulando numerosos reparos y disposición a atender reclamos de los sectores sociales y hasta empresariales cuyos intereses no encontraron nido en el «consenso» orquestado por el gobierno.

Enviado con un simple mensajero, el proyecto de reformas tributarias auspiciado por el gobierno entró por la Cámara de Diputados que esta semana lo sometió a su comisión de Finanzas con el encargo de abrir vistas públicas para escuchar a todos los sectores interesados.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, adelantó que las vistas públicas comenzarán el 26 de septiembre, después que la próxima semana los comisionados se reúnan con el equipo económico del gobierno para escuchar sus fundamentos, advirtiendo que no será festinado y que los legisladores se tomarán el tiempo preciso para analizar y ponderar el proyecto y que no se debe esperar una simple aprobación. Estimó que eso podría tomarse de uno a dos meses.

Si se le da el mismo tiempo después a los senadores, la reforma podría tardar de tres a cuatro meses, remitiéndose para enero. La fijación de una fecha para entrada en vigencia del TLC, cosa aún indefinida, pondría presión sobre el Congreso.

Como telón de fondo están los intereses políticos de cara a las elecciones congresionales y municipales de mayo próximo, los que determinaron que el gobierno procurara el refuerzo del «consenso» básicamente con la cúpula empresarial industrial y comercial y los mismos que llevarán a las cámaras legislativas a transar con los sectores inconformes, en especial el turístico, agropecuario, fabricantes de ron y el sindical-social.

Acierta Danilo Medina
Abandonando la posición talibanesca que llegó a reclamar al PRD que aprobara la reforma tributaria o fiscal antes de que el gobierno tuviera un proyecto propio, el secretario de la Presidencia, Danilo Medina, optó esta semana por una posición racional, al plantear que se dé tiempo al Congreso para que formule sus recomendaciones.

Aunque defendió la propuesta del gobierno, Medina fue considerado con los legisladores y aseguró que el gobierno no tiene intención de inmiscuirse en la labor legislativa. Su acierto quedó confirmado cuando el jueves el único senador oficialista, José Tomás Pérez, reclamó públicamente que el gobierno respete la jurisdicción legislativa, dejando que el Congreso cumpla su misión sin presiones extemporáneas.

Si los funci onarios del gobierno y dirigentes del PLD comienzan temprano a presionar el Congreso para que apruebe el proyecto, alentarán una confrontación política que hará más tortuoso y lento el proceso. Un tiempo razonable podría ser hasta fin del año, sobre todo si se determina que el TLC arranque en enero.

En el mejor de los casos, el gobierno debería preparar su proyecto de presupuesto para el 2006 en base al proyecto que sometió al Congreso. Detenerlo en espera de la aprobación de la reforma tributaria incentivaría la prolongación.

Lo que sería lógico es que el gobierno se prepare para algún género de transacción política, ya que es muy difícil que los opositores en control del Congreso le aprueben un proyecto que tiene objeciones en numerosos sectores, incluyendo al empresarial, que fue el principal pie de amigo sobre el cual logró sustentarlo.

En cualquier caso, la reforma, ya sea tributaria o fiscal, pondrá una vez más a prueba la capacidad del sistema político dominicano para la gobernabilidad y la convivencia entre los diversos poderes del Estado, sin que ninguna de las partes apele a la compra o venta de votos legislativos.

De lo tributario a lo fiscal
La reforma que está planteada en el Congreso Nacional sería la cuarta en cinco años y como en los casos anteriores está en camino de quedarse en lo simplemente tributario, un parche más, al decir de algunos, que dentro de uno o dos años podría estar demandando otro.

Nunca como esta vez se había reclamado tanto que esta reforma pasara del límite de lo tributario para convertirse en fiscal, es decir que abarcara no sólo la ampliación de los tributos, sino también las prioridades y transparencia del gasto, incluyendo nuevas normas que garanticen mayor racionalidad y controles.

El liderazgo empresarial, tanto del Consejo Nacional de la Empresa Privada como de la Asociación de Industrias, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y la Asociación de Industriales de Herrera proclamó reiteradas veces que esta vez era imprescindible una reforma fiscal. Las organizaciones sociales y sindicales, la oposición política y gran parte de los comunicadores sociales compartieron esa demanda.

Pero sin mayor explicación, convencidos por los negociadores gubernamentales de que «esta es la reforma posible», la cúpula empresarial dio por buena y válida un proyecto de simple carácter tributario, supuestamente «neutro», que sustituye los impuestos que caerán con la entrada en vigencia del TLC, el recargo cambiario y el desmonte arancelario, y para  suplir unos 5 mil millones de pesos de incentivos a los sectores productivos para que puedan insertarse en el nuevo escenario de competitividad.

Una de las alternativas que tendría la oposición congresional sería la de devolver el debate al ámbito de la reforma fiscal, reivindicando planteamientos que serían difícil de rechazar hasta por una parte de los sustentadores del proyecto presentado por el gobierno.

Sería iluso pretender una reducción de la nómina gubernamental, como algunos llegan a requerir. Pero al menos una real congelación, con mecanismos de control y sanción, y una reducción de las numerosas partidas de gastos corrientes, dentro de una declaración de austeridad. En manos del Congreso está aprobar el proyecto de ley para establecer concursos y licitaciones en las contrataciones de obras, compras y concesiones del Estado, que el gobierno procura dilatar, pero a lo que está comprometido con el Fondo Monetario Internacional y con el TLC.

De amplia visión política
Si en los líderes de los partidos de oposición y del Congreso primara una amplia visión política de cara al desarrollo institucional de la nación, podrían aprovechar la circunstancia para negociar con el gobierno la aprobación y puesta en vigencia de toda una serie de normativas que han sido reclamadas por los organismos internacionales multilaterales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, reivindicadas además por organizaciones sociales y empresariales.

Entre esas normativas se señalan nuevas leyes de autonomía de la Dirección de Impuestos Internos, de Eficiencia Tributaria, de Reorganización Mercantil y liquidaciones. Lo mismo que una reforma del sistema de gestión financiera del Estado, de la ley de Presupuesto, de Tesorería Nacional y una ley de defensa del consumidor.

Para reivindicar todas esas reformas, el liderazgo político y legislativo tendría que estar imbuido de una visión crítica positiva y de una voluntad política de superar el tráfico de influencia que ha caracterizado la labor del Congreso, como está ocurriendo también con la mayoría de las salas capitulares de los ayuntamientos.

Tanto el PRD como el PRSC requerirían de grandes miras para recuperar el crédito que han perdido en la sociedad y conservar o recuperar importantes cuotas de poder en el Estado. Pero esas visiones lucen cada vez más distantes en partidos que tienen sus energías demasiado concentradas en las luchas grupales con miras al inmediatismo electorero.

Los líderes políticos y legislativos tienen por delante un enorme reto con el proyecto de reformas tributarias, susceptible de ser convertido en uno de reformas fiscales. Sería un gran aliento que volaran a la altura de las circunstancias, pero su simple planteamiento deja la sensación de estar predicando en el desierto o lanzando piedras a la luna, ya que la política nacional se ha tornada indecentemente pragmática y limitada.-