Indignación, impotencia y estupor son los sentimientos que sobrecogen a la sociedad dominicana, y en especial a la comunidad petromacorisana, por el asesinato frío y calculado de que fueron víctimas los comunicadores Leonidas Martínez y Luis Manuel Medina Pérez, y las heridas de bala sufridas por la secretaria Isabel García, quien se repone de las lesiones. Todos fueron sorprendidos por el o los atacantes mientras desarrollaban sus labores habituales en la emisora radial La 103 FM.
La Policía ha dicho que tiene identificado al principal sospechoso del ataque, que tiene pistas, mientras ha practicado allanamientos y detenciones como parte de la investigación. Debe quedar claro que de todo esto que han adelantado las autoridades tiene que devenir el descubrimiento de hasta el mínimo detalle de la trama y los pretextos o causas que motivaron tan horrendo acto. La gravedad de lo ocurrido no se puede atenuar con medias tintas. La Policía y el Ministerio Público tiene que hacer galas de sus mejores capacidades en este caso.
Este ataque a mansalva justifica, además, que se exija al Gobierno tomar más en serio el problema de la inseguridad que afecta al país, caracterizada por el irrespeto a la vida que exhiben, desafiantes, los protagonistas de actos bárbaros como el que nos ocupa. Es hora ya de que se den respuestas contundentes a la delincuencia y el crimen.

El vicio de no pagarle al Estado

En lo que tiene características de una lamentable indolencia, el índice de morosidad en el pago de los inmuebles construidos por el Estado alcanza proporciones decepcionantes. El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) ha tenido que ingeniárselas para enfrentar tasas de impago de hasta el 90 por ciento, y recurrir a las más variadas estrategias de cobro con tal de recuperar parte de lo que deben los adquirientes de apartamentos hechos por el Estado.
El director del INVI, Mayobanex Escoto, expuso en el almuerzo semanal de los medios del Grupo Corripio los pormenores de esa conducta, en la que se ven envueltos muchos adquirientes de apartamentos lujosos que parecen olvidar que al Estado hay que pagarle para que pueda seguir costeando obras de ese tipo, de las que se beneficien más familias dominicanas.