El presidente Danilo Medina ha propuesto una vigilancia sobre sus actividades electorales para evitar el uso de recursos del Estado en actos de multitudes y caravanas. Para cumplir tal objetivo a satisfacción de la opinión pública, la comprobación de que los medios del Estado no se emplean con fines proselitistas no debe limitarse a detectar vehículos con placas oficiales. Un esfuerzo útil para garantizar que la Cosa Pública está al margen implica impedir que funcionarios dediquen al activismo el tiempo que deben utilizar en servirle al Estado, lo que sería ilegal aunque se movilicen con otras matrículas.

Además sería de rigor evitar la captación de adeptos bajo reparto o promesas de cargos, a presente o a futuro; el consabido transfuguismo. La facultad de designar no debería generar inequidad. Aquí el clientelismo es forjador de coaliciones aunque se hable de alianzas con fines superiores. Conservar adhesiones no debería ser el resultado de garantizar participaciones en el presupuesto que de viejo se disfrutan. ¿Y qué decir de la enormidad presupuestal y privilegiada de propaganda instrumentada para favorecer la imagen del régimen que busca prolongarse? La realidad es que la transparencia conllevaría auditar tesorerías partidarias y establecer procedencias oficiales o privadas de recursos. La sistemática negación a fortalecer controles electorales dificultaría ahora poner frontera entre Estado y proselitismo.

Con poco respeto a los superiores

En la marcha del país salen a la luz afectos negativos de la poca selectividad y aplicación de disciplina sobre gente colocada, con rango militar o civil, en funciones importantes del Estado y por tanto subordinada a mandos superiores. Violar normas de conducta desde las filas mismas de instituciones es algo que tiene continuidad, estimulada además, por la poquedad de sanciones. Lo último que preocupa en ese orden es la mención de un alto oficial castrense en una maniobra de sonsacamiento de peloteros cubanos que habrían sido reclutados subrepticiamente para desertar de compromisos con su país.

Ningún individuo obligado a ser leal al orden legal dominicano ha debido estar en eso, infligiendo agravios a las autoridades de un país amigo. Un atrevimiento de quien no temía ser castigado. Lo que llaman comúnmente, falta de muñeca.