El proyecto de Presupuesto y ley de gastos públicos para el año 2011 que ya aprobó el Senado  tiene característica  de imposición contra las aspiraciones de la sociedad y constituye un desprecio más  a la meta  de llevar las inversiones del Estado en Educación a al menos el equivalente a un 4% del Producto Interno Bruto, imprescindible para comenzar la transformación de la escuela para que resulte un instrumento eficaz para mejorar  las condiciones de vida de los dominicanos, mayoritariamente excluidos de bienestar y progreso.

Los reclamos que en ese sentido alcanzaron la máxima intensidad en estos días, poco han podido contra  la visión del Gobierno, unilateral e incomprensiblemente apartada de la realidad, y que contra toda lógica y  las premisas universales sobre la importancia de la enseñanza, llegó incluso al extremo ya de posponer provisionalmente la vigencia de la ley que de viejo obliga -pero que nunca se ha cumplido- a colocar suficientes  recursos en el sistema educativo del que depende un desvalido y amplio sector nacional. El  índice de escolaridad nuestro no llega a un sexto curso. Las deficiencias e insuficiencias del sistema educativo, atribuibles a un deplorable vacío  de planificación para mediano y largo plazos,  y  a la escasez  de medios materiales que el Estado debe proporcionar en cumplimiento de una de sus  obligaciones principales,   podrían, por este camino, quedar por más tiempo  sin respuesta.

Violencia fallida y  permanente

Las estadísticas nacionales reafirman que siguen en aumento, como epidemia fatal, los llamados “intercambios de disparos” entre policías y sus perseguidos, hechos que generalmente van acompañados de  indicios de ejecución sumaria (falsos enfrentamientos). En el 2010 superan en 78 los casos del 2009. Aparte de que el seguimiento y difusión fiel de sucesos violentos no es digno de mucha confianza. A esa violencia instantánea de venganza y desprecio a los debidos procesos de ley, en un país supuestamente civilizado y con un estado de derecho, se agrega el aporte de las turbas de linchamientos que actúan  constantemente en los más diversos puntos de la geografía.

Está terminando un año en el que la sociedad siguió sintiéndose  insegura, a merced de la delincuencia, pobremente servida  por los  organismos de persecución del crimen, a pesar  de las  licencias para matar que el Estado (que  debe poner límites) les tiene extendidas.