CLAUDIA L. MEJÍA-RICART A.
Hace unos días las asociaciones de productores y refinadores de maíz de los Estados Unidos le comunicaron a su representante comercial lo inminente que era rectificar la reforma fiscal dominicana, en la cual se plantea una señalización de un 25% de arancel a los productos finales que se elaboren con Sirope de maíz de alto contenido de fructosa.

En su explicativa misiva, las asociaciones se amparan en acuerdos firmados, y en la violación de estos de permitirse la imposición de este arancel. Esta aseveración sin embargo, no es del todo cierta. La imposición de un impuesto interno, en este caso un recargo de un 25% sobre los productos que utilicen en su elaboración este producto, tendrían aun que probarse, ya que la jurisprudencia de solución de controversias de la Organización Mundial del Comercio, aun no ha establecido que esto constituya una violación, o que tipo de violación sería, en caso de haber alguna, ya que este producto en cuestión tampoco ha sido considerado como un producto similar, como correspondería que lo fuera con el azúcar. Es entendible no obstante, la presión que estos productores ejercen sobre su representante, ya que se trata de uno de los logros obtenidos por este sector en las recién finalizadas negociaciones del D-CAFTA en su lista de concesiones a nuestro mercado. El hecho de que se haya negociado una cuota específica para sirope de Maíz de alta fructosa, indica claramente, que es importante para nuestros productores mantener la mira sobre estas importaciones.

Al firmar el GATT en 1994 los representantes de la República Dominicana a conocimiento o en desconocimiento de lo que hacían consolidaron de los aranceles más bajos entre los países firmantes de este acuerdo. República Dominicana, en ese entonces, ni ahora, subsidian de manera significativa ningún sector comprendido dentro de este acuerdo lo suficiente siquiera para presentar notificaciones ante la Organización Mundial del Comercio dignas de escucharse. Esta no es una condición exclusiva de nuestra nación; en esta condición están muchas naciones que al igual que la nuestra, no tiene presupuesto disponible para estas delicadezas.

Sin presupuesto de subsidios, y luego de una rectificación arancelaria para 8 productos agropecuarios, llamada «Rectificación Técnica», la agricultura dominicana aun tiene vida, lo cual es sin dudas una gran hazaña. Sin embargo, constantemente, este sector debe dar explicaciones de las mínimas igualdades que requiere para mantenerse a flote, y una y otra vez, es catalogado como un sector arropado por el proteccionismo.

Si presentamos el caso en el ámbito mundial de las grandes potencias económicas, esta es una realidad latente, pero ampliamente tan aceptada, que la Ronda de Doha ha requerido de grandes esfuerzos para ser lanzada, debido a la negación por parte de los países industrializados a desmontar sus incentivos y subsidios a sus respectivos sectores agrícolas.

El caso de los productores agrícolas dominicanos es completamente diferente. Es un sector, criticado; desprestigiado, y sin dudas muy desconsiderado como de «proteger» retrata. Oralmente, y en intenciones siempre muy apoyado.

La agricultura dominicana no ha logrado aun ser proteccionista, muy a pesar de haber sido una nación que floreció enormemente con la producción de los llamados productos tradicionales. Entre impuestos y cero subsidios, es un sector que lucha por subsistir a pesar de no disfrutar de grandes privilegios, y de que constantemente es sometido a ceder en su mercado, para beneficio de otros sectores productivos de la nación, justo como sucedió en el D-CAFTA.

Es entonces injusto aceptar como válido y cierto el calificativo de poco competitivos, como es injusto, que este sector sea constantemente tildado de proteccionista, cuando en realidad no tiene como ni quien lo proteja.

Los productores de edulcorantes le presentan a su representante su queja, y no cabe duda, de que esa modificación interna es una prerrogativa de nuestros legisladores, que bien puede ser incluida. También es cierto, que hay que reconocer, que si algo posee el representante comercial estadounidense, es de un gran poder de «persuasión» dentro de este ámbito, además, de que resultan ciertos los argumentos que la amparan, que son, tratar de buscar nuevos mercados para los productos estadounidenses.

Cualquefuera la decisión final, de incluir este recargo, o de omitirlo en la reforma, aun nos queda el siempre pendiente objetivo, de que el sector agropecuario, requiere de ser escuchado por entes interesados en la producción dominicana, con manejo y conocimiento de los mercados internos.

Un 17% de la producción local podría ser sustituida por los edulcorantes en cuestión y luego de firmado el TLC con los Estados Unidos con mayor facilidad, y aun así, insisten en que el sector agropecuario es proteccionista.

No tenemos la más mínima duda, de que los Estados Unidos no incluyeron su mercado azucarero en el TLC, porque son ineficientes, pero como República Dominicana es proteccionista, decidió cederle su mercado a los ineficientes subsidiados a partir de la firma, y de ahí de manera ascendente hasta el libre comercio.

No nos cabe la mínima duda, la producción agropecuaria dominicana, requiere de nuevas visiones y proyecciones que conllevaran cambios que obligaran a nuestro sector a especializarse y a buscar alternativas para poder competir a nivel internacional, pero en la actualidad, a esta velocidad, y en base a las reglas planteadas tanto a nivel de la OMC como en las estipulaciones acordadas dentro de los acuerdos regionales con países desarrollados, es y será difícil demostrar, que es un sector que tiene como ser competitivo dentro de reglas justas, y que requiere urgentemente de que las reglas para que estas condiciones se den sean revisadas de manera cautelosa.

Hemos de reconocer, que hay sectores en los que podríamos ser más competitivos, sabemos, que existen otros en los que somos competitivos, y es a esos a los que les debe el apoyo hasta que las reglas de juego sean más equilibradas, para que nuestras industrias competentes no sufran las consecuencias de las desequilibradas regulaciones del acuerdo agrícola de la OMC.

La prerrogativa del 25% de recargo es una a favor de una industria competitiva, y los legisladores dominicanos tienen derecho a defender lo que entienden le conviene más a los productores dominicanos. Asumir esta medida interna sería una buena señal de que poco y tarde, pero seguro, aprendemos de los proteccionistas del mundo; los países desarrollados.