CÉSAR PÉREZ
El día 25 de julio se llevó a efecto en Villa González un evento para impulsar las iniciativas de los Presupuestos Participativos que se llevan a cabo en más de la mitad de los municipios del país. Al mismo asistieron más de un centenar de funcionarios municipales, elegidos y administrativos, así como decenas de municipalistas y funcionarios del gobierno central identificados con la idea del valor del municipalismo en la construcción de una democracia sustantiva.

Esta ley de reciente promulgación, que obliga a los ayuntamientos dominicanos a elaborar una parte de sus presupuestos de gastos anuales en el marco del consenso y la participación de la población, significa un avance importante en la lucha por la descentralización y el empoderamiento de la población en los niveles locales.

Significa, además, que la iniciativa de presupuestos participativos que se inició de manera exitosa en Porto Alegre, Brasil, se expande en todo el continente como una de las principales herramientas de la población en su lucha por la inclusión social y la ampliación de los espacios democráticos en este continente, a pesar de las extremas desigualdades que existen en esta parte del mundo y de la indolencia y corrupción de su clase política.

Sin embargo, como toda herramienta, los presupuestos participativos pueden ser peligrosos. Pueden ser un instrumento de lucha para abrir espacios democráticos, como también una forma de cooptación e integración de los sectores más activos de la población en las políticas clientelistas de algunos síndicos y regidores. Pueden ser vehículos para que estos funcionarios acentúen la cultura de que la construcción de obras de por sí es progreso y desarrollo, algo que ya comienza a manifestarse.

La práctica emotiva de los presupuestos participativos, puede igualmente acentuar la falsa idea de que el desarrollo local se logra a través de la política de inversión, desdeñando el hecho comprobado de que sin el desarrollo  de las capacidades de la población de una localidad, no es posible el desarrollo local. La riqueza y junto a ella la inversión de capital es importante para el desarrollo de las comunidades, pero sin la capacidad de la gente de explotar los atributos naturales, históricos y culturales de su localidad, no se puede lograr el desarrollo local.

Otro elemento a tener presente es que la discusión de todo presupuesto puede ser un ejercicio de discusión democrática sobre las necesidades de una comunidad y del sentido de pertinencia sobre cómo enfrentar dichas necesidades. Se supone pues que la asignación de recursos debe hacerse de acuerdo un plan maestro del territorio, que le dé coherencia y racionalidad al presupuesto participativo, porque, es necesario recalcar, los recursos materiales no deben gastarse solamente en obras, sino  también en proyectos de desarrollo y en formación de capacidades de la gente.

Todo ayuntamiento es, por definición, una comunidad que se organiza legalmente en un territorio para administrarlo, para dirigir el uso del suelo de dicho territorio. No es posible una administración racional del territorio, sin un plan, y por lo tanto todo presupuesto participativo que se desarrolle sin la existencia de un plan que regule el territorio, tiene grandes limitaciones para que pueda ser todo lo eficaz que podría ser, tanto desde el punto de la necesaria racionalidad administrativa de los recursos, como de la potenciación de la participación ciudadana en la conducción de la cosa pública.

En tal sentido, es necesario que comencemos a darle importancia a la necesidad de que nuestros municipios se doten de sus imprescindibles planes maestros o directores, que regulen el uso del suelo de sus demarcaciones, que rijan el desarrollo de los núcleos urbanos y rurales de estas instituciones del Estado y que establezcan cuáles suelos deben ser solamente urbanos y cuáles de vocación agrícola.

Eso sería el complemento ideal para que los presupuestos participativos no solamente sean momentos de asignación de recursos, sino de discusión sobre cómo se debe ordenar todo el municipio y sobre las reglas y normas en que descansaría ese municipio.

Esos aspectos legales de la institucionalización de  la gestión municipal fortalecerían los alcances de los presupuestos participativos y de la ley de participación comunitaria, y contribuiría a limitar los intentos de algunos funcionarios municipales para instrumentalizar y pervertir esas conquistas logradas por la acción sistemática de algunos sectores políticos, comunitarios, de agencias de cooperación y de la academia. De ser así, este avance que, a pesar de todo, significa la ley de presupuesto participativo más que de forma será de contenido realmente democrático.