HAMLET HERMANN
“En los últimos 10 años, 2 mil 467 personas perdieron la vida en alegados enfrentamientos con la Policía Nacional, de acuerdo con la sumatoria de las estadísticas de ese tipo que cada año ofrece el Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe sobre el desempeño de los derechos humanos en República Dominicana. (Ramírez, Leonora; HOY; miércoles 2 de abril del 2008).

Dos semanas después de esta publicación, muy pocos ciudadanos o instituciones lucen interesados en los detalles y pormenores de ese estilo de juicio sumario. Parecería como si esa estadística, propia de un país en estado de guerra, no tuviera importancia para ser discutida en público. El silencio sobre este tema ensordece a la opinión pública.

¿Cuáles son los criterios utilizados por las autoridades para justificar el atentado sistemático contra la integridad física de cierto tipo de ciudadanos? ¿Por qué quitarles la vida o discapacitarlos físicamente sin que medien juicios públicos, orales y contradictorios? ¿Es la política del hecho consumado la única forma conocida por las autoridades para combatir la delincuencia imperante en el país? La coartada oficial es que cada víctima de ese exterminio tenía varios expedientes criminales. Y así la pena de muerte se establece de oficio sin que el Ministerio Público, el Poder Judicial o la Secretaría de Estado de Interior y Policía se den por enterados. El reinado de la impunidad absoluta sigue imperando para disfrute de los que reniegan de su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes.

Los investigadores sociales se sienten tentados a escudriñar cada uno de los casos de alegados intercambios de disparos y así determinar las variables envueltas en estas agresiones oficiales. Sería interesante conocer quién era cada una de esas víctimas. ¿Cuál era su extracción social, oficio, nivel de escolaridad, temperamento, personalidad y situación familiar? Con esos datos, quizás, podría alguien establecer hacia quiénes, específicamente, está orientada esta forma de exterminio metódico.

Como curiosidad, valdría la pena establecer en qué parte del cuerpo humano impactó cada uno de los proyectiles disparados contra esas personas. Ya que lo normal en este tipo de supuestos enfrentamientos es que un impacto no sea suficiente para provocar la muerte, un mapa mostrando esos puntos podría ser elaborado para determinar si algunas partes del cuerpo son preferidas por los victimarios para aniquilarlos o provocarles invalidez de por vida.

No estaría de más establecer en qué sector de la ciudad y en qué calles ha tenido lugar cada acto de éstos. Otro mapa podría ser elaborado para que la ciudadanía pueda medir, geográficamente, el nivel de riesgo que envuelven determinadas “zonas de guerra”.

Se completaría el patético cuadro al indagar a qué horas han tenido lugar los famosos intercambios de disparos. Da la impresión, por lo que uno lee en la prensa, que la nocturnidad es la más frecuente condición para que tengan lugar estos cuestionables hechos. El propio hogar como cárcel podría ser la única solución ciudadana a la ubicuidad de estas agresiones.

Para empezar, por lo menos sabemos bajo qué jefaturas han tenido lugar esos eventos. Seis jefes policiales se desempeñaron durante la década 1997-2007. Durante la primera y segunda jefaturas de ese período, el promedio de estos incidentes tuvo resultados cercanos a 13 muertos por mes. Durante la tercera gestión la media aumentó en un 25% hasta más de 16 victimados cada 30 días. Durante el cuarto mandato policial aumentó hasta 20 cadáveres mensuales. Y, finalmente, durante las quinta y sexta jefaturas policiales el promedio de víctimas por alegados intercambios de disparos creció en un 32% para colocarse en una cifra próxima a un muerto por cada día que pasaba: cerca de 30 por mes.

Podemos señalar que entre 1997 y 2007, siempre de acuerdo con los datos provenientes de Estados Unidos, las víctimas mortales en supuestos intercambios de disparos con la Policía Nacional crecieron en un 203%. Los que sobrevivieron y quedaron discapacitados, no se cuentan. Mientras, la delincuencia ha aumentado, las cárceles se abarrotan, la inseguridad ciudadana se afianza y los funcionarios dicen gastar miles de millones de pesos en seguridad ciudadana. Pero la situación sigue empeorando.

¿Tendrán estos juicios sumarios alguna lógica humanamente aceptable?