Lo que consigna el artículo 63 de la constitución dominicana sobre el derecho a la educación, teóricamente, es una joya y una excelente utopía, cito: “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones”; sin embargo, cuando interactuamos con los actores fundamentales del sistema educativo: docentes, estudiantes, padres o tutores, la realidad es otra; más aún, cuando nos exponemos y permitimos que organismos e instituciones nacionales e internacionales hagan serias y profundas investigaciones al sistema lo que percibimos es, en contraposición de lo establecido por nuestra constitución, problemas muy agudos que revelan deterioro y exclusión en todos los niveles del sistema educativo nacional.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su informe del año 2015 dice que, en el nivel de desempeño, el 86% de los estudiantes dominicanos se encuentra por debajo del nivel 2, que es el mínimo considerado para un estudiante estar preparado para desempeñarse en la sociedad del conocimiento. Ese informe arroja, además que la República Dominicana ocupa el último lugar a nivel a nivel mundial en las áreas de ciencias y matemáticas y el lugar numero 66 de 72, en el área de lectura.

Esa misma institución auspiciada por la Evaluadora Internacional de Rendimiento Escolar conocida como Pruebas PISA plantea que, “los estudiantes con menores recursos económicos tienen tres veces más probabilidades de tener un rendimiento bajo que los estudiantes con mayores recursos económicos, y los estudiantes inmigrantes tienen más del doble de probabilidades que los no inmigrantes de tener un rendimiento bajo”.

En gran medida la clase política que ha ostentado el poder del Estado en los últimos 20 años ha diezmado la calidad y avance de la educación con el uso y abuso del presupuesto asignado, y haciendo de ese Ministerio un botín clientelar y una madriguera de corrupción para sustentar candidaturas desde diputaciones, senadurías, alcaldías y hasta candidaturas presidenciales. De todo esto se desprende el fracaso de la tanda extendida y de la tan publicitada y difundida revolución educativa.

La eficiencia y calidad de la educación pasa por una mayor inversión en la capacitación y formación de los maestros en las diferentes áreas, más y mejor inversión en las herramientas tecnológicas y construcción racional de nuevos centros educativos, de acuerdo con la demanda de aulas. La carrera docente debe ser fortalecida, debe hacerse más atractiva y dirigida a la profesionalidad. En cuanto a las materias impartidas, el énfasis no debe estar en los contenidos, sino en hacer de los estudiantes actores que disciernan, analicen y comprendan la esencia de lo que estudian y se apasionen por esos contenidos.

Cuando vemos que el Ministerio de Educación se empeña a fondo gastando de manera exorbitante en la publicidad de las obras que realiza y la presidencia de la República, por su lado, inaugurando hasta la más pequeña y lejana escuela con la presencia del presidente de la República y con una parafernalia y logística que conlleva esos actos, uno tiende a pensar que el propósito no es educar íntegramente a nuestros estudiantes y hacer de ellos ciudadanos comprometidos con la patria, sino comprometidos con el partido en el poder y de paso hacerlos tontos útiles y marionetas al servicio de sus pasiones e instintos políticos.

Tenemos un sistema educativo politizado y tintado de morado hasta el tuétano. Las designaciones de puestos administrativos, contrato de obras, ascensos, compra de solares, concursos de oposición, becas, botellas, duplicidades de funciones, traslados, dietas, viáticos y viajes; todo esto está manipulado, dirigido y concentrado bajo la orientación política de ser miembro, militante o simpatizante, y sobre todo asegurar el voto para las candidaturas peledeístas a todos los niveles, siempre para el venidero proceso electoral.

¿Por qué las autoridades educativas no se interesan en la educación cívica y en la enseñanza de valores y principios éticos y morales de la familia, con el propósito de tener ciudadanos honrados, probos, honestos e íntegros prestos a servir a las mejores y más justas causas de la nación?

Autoridades gubernamentales, Ministerio de Educación y demás actores del proceso enseñanza-aprendizaje, asuman con alta responsabilidad lo que preceptúa el articulo 58 de la Ley General de Educación y Cultura, número 66-97 al plantear que “la calidad de la educación es el marco de referencia del sistema educativo dominicano, que tiene como función garantizar la eficiencia y la eficacia global del mismo”.