POR MIRIAM DÍAZ SANTANA
Si el Presidente Leonel Fernández quiere demostrar que realmente la educación es la prioridad de su gobierno y que estamos entrando en una etapa de postmodernidad y progreso, tiene una forma muy sencilla de hacerlo: disponiendo los recursos necesarios para superar las precariedades de la educación pública.

Con motivo de la reciente instalación del Foro para la Excelencia de la Educación, el Presidente se extendió en argumentos sobre la importancia de la educación y la declaró como su prioridad número uno. Sin embargo, el presupuesto que en este año se dispuso para esta función social es tan bajo que no hay forma de convencer a alguien de que esta es una prioridad, sobre todo cuando el Gobierno está anunciando e iniciando tantos proyectos de miles de millones de pesos, de los cuales muy poco va dirigido al sector educación.

El país ha desarrollado en los últimos 15 años dos procesos de planificación educativa bastante grandes. Primero el Plan Decenal de Educación, cuyo diseño se tomó más de dos años y comenzó a ejecutarse en el 1992. En el 2002 se inició otro proceso al que se le denominó Plan de Desarrollo de la Educación 2003-2012, el cual se supone debió iniciar en el 2003, pero que parece sin embargo, echado a un lado, primero por el período eleccionario y luego por el cambio de gobierno.

No se si ahora, con el Foro establecido por el presente Gobierno, se piensa iniciar un nuevo plan. Sea como sea, dado que el factor financiamiento es tan importante, en vez de dejarlo para último como siempre se hace en las planificaciones educativas, debería ser el primero y, a partir de ahí establecer lo que se puede hacer. De hecho es mucho el tiempo que se ha desperdiciado en planes idealistas y bien intencionados que consumen la atención de muchas inteligencias por mucho tiempo, para luego concluir en que se necesitan más recursos que los gobiernos finalmente no disponen.

Las necesidades del sistema educativo público están claramente identificadas y si el gobierno no está dispuesto a financiarlas, mejor es concentrar las energías en administrar lo más eficientemente que se pueda la pobreza de las escuelas públicas.

La Ley General de Educación 66-97 dispone que el presupuesto público para educación (sin incluir educación superior) no debe ser inferior al 16% del presupuesto nacional o el 4% del PBI, cualquiera que sea mayor. Sin embargo, en el presente año el presupuesto de la Secretaría de Educación asciende a poco más del 8% del presupuesto nacional. Ante esta violación a la Ley, el Gobierno ha argumentado que este presupuesto está ajustado por las exigencias del Fondo Monetario Internacional y que la inmensa deuda externa e interna del país no permite cumplir con lo establecido en la Ley.

La República Dominicana es uno de los países del continente y del mundo que invierte menos en educación. En varias estadísticas internacionales aparece en el penúltimo lugar del continente, sólo por encima de Guatemala.

De acuerdo a estadísticas de la UNESCO, el promedio de inversión en educación de los gobiernos del continente era de 5.6 % del PBI en el 2002. República Dominicana es el penúltimo, con 2.3% del PBI. Mientras casi todos los países muestran cifras ascendentes en las últimas décadas, es decir que la educación ha ido ganando importancia en la inversión pública, en nuestro país el nivel de inversión se han mantenido en poco más del 2%, con excepción del 1991, cuando bajó a 0.94%.

En 1990, la República Dominicana era el país con menor gasto relativo en educación de América Latina y El Caribe, con un 10% del gasto total del gobierno y menos del 2% del PBI. El promedio de la región en ese año fue de 13.2%, catorce países estaban por encima del 15% que se reclamaba en los debates del Plan Decenal.

Quince años después, después de haber ejecutado una reforma de la educación, en vez de avanzar en estos indicadores, resulta que hemos retrocedido, porque el gasto público en educación apenas sobrepasa el 8% y en cuanto al PBI, apenas sobrepasa el 2%, sin incluir la educación superior.

La República Dominicana ha exhibido con orgullo un crecimiento económico asombroso, incluso cuando grandes potencias han mostrado recesión. De acuerdo al recién publicado Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005, producido por el PNUD, el país tuvo, en los últimos 50 años el más alto nivel de crecimiento económico de América Latina y El Caribe. Sin embargo, es al mismo tiempo uno de los trece países del mundo con peor aprovechamiento del nivel de ingreso para mejorar el desarrollo humano.

La revisión de las cifras indica que estamos muy lejos de cumplir con las metas que el propio país se propuso en el Plan Decenal y que corremos el riesgo de que vuelvan a pasar diez años y nos encuentren con los mismos problemas de inicio de la década de los noventa. La actual crisis económica del país y las extrañas prioridades de nuestros gobiernos, está retrotrayendo el sistema educativo a una situación de precariedad que tiende a parecerse a la de inicios de los noventa.

A mucha gente esta situación le parece natural porque supuestamente somos un país pobre y los gobiernos tienen grandes demandas de la población, pero las comparaciones internacionales muestran que la gran mayoría de los países del continente hace años que sobrepasaron los niveles de inversión del 4% del PBI en educación que en República Dominicana parecen imposibles, incluyendo países con niveles de pobreza iguales o superiores a los nuestros como Bolivia, El Salvador, Perú y Paraguay.

El documento Situación de la Educación Dominicana, elaborado por la Secretaría de Educación en el 2003, señala claramente la situación de déficit en la inversión pública:

Si el 4% del PBI es equivalente al 25% del presupuesto nacional y la Ley de Educación establece escoger como referencia el valor mayor entre el 4% del PBI y el 16% del gasto público total, se concluye que el Estado ha acumulado una deuda significativa con la educación nacional.

A pesar de esta deuda del Estado con la educación, todos los años se produce un déficit en la ejecución presupuestaria de la Secretaría de Educación, la cual nunca llega al 100% ni mucho menos lo sobrepasa, como sería natural en un sistema con tantas precariedades.

El documento citado dice que se observó una recurrente reducción de estos fondos en la fase de ejecución, al llegar a representar en ocasiones, más de un 30% de reducción con relación a las asignaciones originalmente presupuestadas de la SEE. La situación, aunque ha mejorado en términos proporcionales, persiste. Sólo en el año 1999 no se verificó esa práctica.

Todos debemos recordar que hace algunos años, el Presidente Hipólito Mejía dispuso que se transfiriera a las Fuerzas Armadas unos 50 millones de pesos que supuestamente le sobraban a la Secretaría de Educación. En todos los gobiernos de las últimas décadas miles de millones de pesos han sido sustraídos a la educación para ser utilizados por la Presidencia de la República en otras prioridades.

Otro aspecto de la Ley que ha sido incumplido se refiere a la proporción de gastos corrientes y de capital. La Ley de Educación establece hasta un 80% de gastos corrientes y al menos 20% de gastos de capital. El documento citado afirma que

A partir del 1997 se ha logrado una proporción promedio de 10%, no obstante el déficit de cobertura que se observa por insuficiencia de aulas e infraestructura escolar.

El promedio de gasto público por estudiante es otro de los indicadores que se utilizan para medir los progresos de los países. Es importante señalar que el mayor gasto no es una garantía de mejores resultados y, de hecho, muchos países con alta inversión en educación confrontan problemas con el aprendizaje de sus alumnos. Mayor riqueza no es garantía pero hay niveles de inversión que son absolutamente necesarios porque por debajo de ellos la enseñanza se realiza en un ambiente de escaseses y precariedades que no corresponde con los estándares de la modernidad.

En un trabajo titulado Gasto Público y Salario Magisterial, publicado en Anuario Pedagógico No.6 del Centro POVEDA, Isidoro Santana establece que El costo medio anual de un alumno de la Secretaría de Educación era de 123 pesos en 1985, 362 pesos en 1990 y 3,180 en el 2002. En valores corrientes parece un gran aumento, pero en valores constantes significó caer 40% primero para después incrementarse en 270%. Ahora bien, obsérvese que a pesar del mejoramiento posterior, el valor del año 2002 traducido a dólares implica US$ 177 por estudiante al año, lo que compara muy desfavorablemente con los datos para otros países de América Latina, y ni qué decir de otras partes del mundo.

Estadísticas de la UNESCO muestran que para el año 2000, países como Perú, Bélice, Antigua y Barbuda, Trinidad y Tobago, Brasil, Jamaica, Paraguay y Uruguay habían sobrepasado los 500 dólares por año por estudiante, otros países como Panamá, México habían sobrepasado los 1000 dólares. Costa Rica y Chile invertían más de 1500 dólares y los más altos eran Barbados con 4,600 y Estados Unidos con 6,700 dólares anuales por alumno.

Ante una situación de poca inversión estatal como la descrita no es extraño que la República Dominicana quede en penúltimo lugar en las pruebas internacionales sobre dominio de la matemática y el lenguaje, tal como lo ha confirmado recientemente la Secretaria de Educación, Alejandrina Germán.

Sin embargo, la diversidad de obras que ha iniciado o anunciado el Gobierno parece indicar que, a pesar del FMI y de la situación de crisis económica, los recursos están apareciendo, por lo que bien podría revisarse el presupuesto de educación para que se pueda hacer algo más que mantener pobremente la situación de las escuelas públicas.

Muchos soñamos con que nuestros presidentes, cuando se reúnen con sus homólogos del continente y del mundo, puedan mostrar con orgullo los grandes logros del país en educación, ciencia y tecnología, en lugar de pasar la vergüenza de aparecer siempre en los últimos lugares, teniendo un pueblo tan inteligente y sobresaliente en todas las labores en las que decide competir.